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El ‘Asedio al Congreso’ del 25 de Abril y la filosofía de Locke



Decía el pensador inglés Jhon Locke (1632-1704), en sus Tratados sobre el gobierno civil que cuando un gobierno usurpa las libertades, entrega el gobierno a la sujeción de un poder extranjero, se corrompe, o conduce la sociedad de un modo distinto al que esta ha prescrito, el derecho de resistencia ciudadana está más que justificado. 

Las palabras del pensador británico parecen estar escritas para describir la actual coyuntura de este país, con el fin de avalar los movimientos de protesta que convoca la Plataforma ¡En pie! - http://plataformaenpie.wordpress.com/documento-base/ para el 25 de abril y que anuncia que se llevará a cabo "hasta forzar la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y la Jefatura del Estado y el inicio de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, económica y social, liderado por el pueblo".

Siguiendo la actualidad no cabe duda de que en este país se están cumpliendo las premisas que señalaba el filósofo inglés para justificar la rebelión ciudadana en defensa de la democracia, la libertad, los derechos ciudadanos y hasta la dignidad del pueblo. 

Resulta innegable que en este momento, con la economía intervenida por los representantes de la Troika Comunitaria, el Ejecutivo ha entregado a un poder extranjero el que le otorgó el pueblo para gobernar. Lo ha aceptado en muchas ocasiones el presidente Raxoi, al afirmar que la mayoría de los recortes decididos por su gabinete estaban impuestos por la UE. Desde que llegó a La Moncloa, el PP no deja de proclamar que el desmantelamiento del Estado del Bienestar, los recortes en Sanidad y Educación, la subida de impuestos a los más desfavorecidos, y hasta el timo de las preferentes, son imposiciones de Bruselas; ‘un poder extranjero’ como describe Locke. 

Argumentaba el pensador, cuya vida transcurrió a caballo entre los siglos XVII y XVII, que la corrupción era otra de las causas que justifican la rebelión de la ciudadanía. Y corrupción existe en este país hasta la náusea. Desde la Jefatura del Estado, encarnada en una monarquía de la que un día se descubre que tiene cuentas en Suiza, o de la que, a cuentagotas, se va descubriendo que los negocios del yerno real puede que no fuesen solo del real yerno, hasta los innumerables cargos públicos enfangados en casos de corrupción.

Los papeles de Bárcenas, el caso Gürtel o la financiación ilegal del PP son asuntos suficientes para que la ciudadanía se rebele ante el poder ‘usurpado’, como definía Locke. Pero ese caso es tan solo la punta de un iceberg de inmoralidad en el que están implicados los grandes partidos de un sistema bipartidista que limita la democracia a que los ciudadanos depositen el voto cada cuatro años y permanezcan callados el resto del tiempo. 

La prevaricación, el hurto del dinero público o las relaciones indeseables de algunos políticos con delincuentes, son practicas tan frecuentes que nunca dan lugar ni a dimisiones ni a procesos rápidos que hagan dar a los delincuentes con sus huesos en la cárcel, como sucede en los países civilizados.

Señalaba el pensador inglés a la hora de encontrar defendible la intervención del pueblo en la cosa pública para regenerar la democracia, el hecho de que el poder elegido en su día pervirtiese lo prescrito en las leyes que se otorga la sociedad civil. Y no hay que olvidar que este Gobierno ha pervertido por completo la Constitución al despreciar desde su artículo primero, que señala que ‘España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político’, hasta los que garantizan vivienda digna, trabajo, educación y sanidad gratuita, igualdad de todos los ciudadanos, la aconfesionalidad del Estado, Justicia gratuita, y libertad de expresión e información. 

Que este país dejó de ser un Estado Social hace mucho tiempo es algo de lo que nadie que viva la realidad del país puede dudar. Cuando se protege a la oligarquía y se carga en los débiles los sacrificios económicos, cuando la fiscalidad, en lugar de ser progresiva lo que hace es proteger a las grandes fortunas y aun a los defraudadores frente a los trabajadores, nada tiene de social. Tampoco es un Estado de Derecho, porque la Justicia, además de que el Gobierno haya vedado su acceso a las economías débiles a base de tasas, suele ser, además de lenta, muchas veces arbitraria. 

Y qué decir del derecho a la vivienda digna, cuando este Gobierno, y los anteriores, nunca crearon vivienda social accesible a todos los ciudadanos, al dejar su acceso en manos de los bancos, que al primer retraso en el pago de cuotas, los despojan de un derecho reconocido en una Constitución que se ha convertido en papel mojado en todo aquello que no sea la imposición de la Monarquía o la unidad territorial.  

Reconoce esa Constitución, que solo es respetada por el poder para lo que le conviene, el derecho al trabajo digno. Mas los gobernantes han hecho leyes que permiten que los empresarios desprecien cualquier derecho de los trabajadores, reduzcan salarios o destruyan empleos porque prefieren, con la connivencia de los gobiernos, especular con el dinero, en lugar de crear industrias. 

Y los Gobiernos tampoco crean empleo porque desde hace muchos años destruyeron industrias en beneficio de intereses internacionales y de una oligarquía que nada quiere arriesgar. Privatizaron empresas públicas para que un empresariado egoísta destruyese empleos a mansalva, a la vez que, siguiendo directrices de un poder extranjero, no crea empleo público, sino que lo destruye.

Tampoco cumple con la premisa que señala al Estado como aconfesional, porque la secta católica recibe, aún con la crisis que obliga a privar a los ciudadanos de sus derechos más básicos, miles de millones al año, trece mil en dinero contante, más todo lo que percibe por ejercer una enseñanza concertada y manipuladora, por mantener en colegios públicos a profesores de esa secta, a capellanes castrenses en el Ejército, la exime del pago de impuestos, a la vez que mantiene con dinero público sus monumentos.

Las condiciones que señalaba Jhon Locke en su Segundo ensayo sobre el gobierno civil  se cumplen c por b en una sociedad en la que el gobierno y los políticos viven divorciados de la ciudadanía, ignoran sus necesidades y ahogan sus derechos. En la actual situación los auténticos rebeldes no son los ciudadanos que plantean acciones como la de rodear el Congreso, sino los gobernantes que desprecian sus derechos.

Debería este Gobierno tomar en cuenta las palabras de Locke y asumir que, con su política económica y represora, con su tolerancia a la corrupción, ha declarado la guerra a la ciudadanía por lo que el pueblo está en pleno derecho de tomar las medidas necesarias para desalojarlo del poder.

Sobre todo si lo hace de una manera pacífica y civilizada como hasta ahora. Y que no hace el Ejecutivo al reprimir con brutalidad las manifestaciones ciudadanas.

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Comentarios

  1. Luisa Sánchez,
    Coincidimos en los planteamientos que haces y me agradaría que contactaras conmigo pues tengo un programa que he elaborado para cambier la Constitución del '78 y para la reforma íntegra de la democracia hoy secuestrada por los usurpadores del poder Mariano Rajoy Brey y sus cómplices y siervos de la Troika y del poder financiero y ecleseástico.

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    " Podreis cortar todas las flores, pero nó podreis detener la primavera "

    José González Moreno

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  2. Mi correo es: elchapulinbcn@hotmail.com

    José González Moreno

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