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Bárcenas: ¿Datos que harían estremecer al Gobierno? Es el pueblo el estremecido



El periodista Raúl del Pozo publica hoy un artículo en el diario El Mundo sobre lo que sabe Bárcenas, o los papeles con los que cuenta, titulado ‘Bárcenas no quiere ser Torres, o sí’, en el que el cronista afirma conocer los recibís de altos cargos del PP de enormes cantidades de dinero, donadas por empresas estatales, del vino, grandes estrellas y constructoras, que iban a parar a los bolsillos de altos cargos del PP y también a periodistas afines a esa ideología. 

Dice del Pozo que, a la vista de los papeles que han estado ante sus ojos -sin rebelar quién se los mostró, porque bien es sabido que la gente de pluma o de tecla siempre sigue la máxima de que ‘antes la muerte que la fuente’-  se ven “hojas” en los que aparecen escritas “cantidades y nombres que harían estremecer al Gobierno y al aparato productivo”.
A quien sin duda estremecen esos datos a medio revelar es a un pueblo desconcertado y furioso, víctima de recortes sin cuento, porque el Gobierno asegura que no hay dinero, cuando el que era de todos parece haberse ido por los sumideros de su ambición como organización, o la de sus dirigentes.

Un país, supuestamente democrático, no puede estar gobernado por un clan de rufianes que, durante años engordaron sus bolsillos –todo lo presuntamente que se quiera- a costa del dinero que les entregaban industrias, empresas y artistas que, de un modo u otro, se lo cobraban previamente a las arcas del Estado. Nadie puede ser tan ingenuo de pensar que los millones que entregaban esas empresas salían de las cuentas privadas de sus directores, miembros de consejos de administración o generosos artistas. 

El dinero que fluía generosamente a las arcas del PP,  procedente de esas empresas,  antes tiene que haber sido cobrado a los ciudadanos por la vía de los gravámenes en las facturas de las empresas de servicios, en los contratos de obra pública, o en los cachés de los artistas, fichados por Ayuntamientos, Diputaciones o Gobiernos que, posteriormente, abonaban las actuaciones en paraísos fiscales, como sucedió en el País Valencià con Julio Iglesias, en un caso que no acaba de instruirse nunca. 

Cuando ese dinero, procedente todo del bolsillo de los ciudadanos, llegaba a las arcas del PP era repartido, según se explica en el artículo publicado por Raúl del Pozo, por altos cargos del PP a otros altos cargos, a cuadros medios, a chóferes y a un prensa a la que sí puede calificarse de canallesca que vendía, o vende, su dignidad y profesionalidad a políticos corruptos por una caja de puros con dinero dentro, o un sobre más o menos abultado, según la importancia de su firma. 

La práctica inmoral por parte de una prensa indigna, de recibir grandes cantidades de dinero para hacer propaganda al poder, o inventarse escándalos de la oposición, podrá tal vez sorprender a algún ingenuo que no esté al tanto de las relaciones infames entre profesionales indecentes y políticos inmorales. 

Mas esta periodista devenida en bloguera, podría dar nombres, apellidos y cantidades de lo que el PP entregaba a algunos excolegas suyos en cierta ciudad de la Costa Blanca. Como ejemplo se puede citar al Jefe de Prensa de un Ayuntamiento al que, según denunció un concejal de la oposición, una empresa constructora relacionada con un feo asunto por el que está imputado un exalcalde ya condenado por otra causa –las condenas y las imputaciones a políticos en el País Valencià son tan frecuentes como la pólvora en sus fiestas- abonó, aunque en la cuenta de su mujer, cuatrocientos mil euros, no se sabe en agradecimiento a qué servicios. O en qué inexplicables movimientos de dinero que tienen explicaciones inconfesables.

Ante las dimensiones de un escándalo de corrupción que tan solo los implicados niegan, tendrán que ser los jueces los que intervengan con celeridad en un asunto que no puede pudrirse en el silencio, como quiere que se haga el Presidente del Gobierno, que en una de esas intervenciones virtuales en las que huye de relacionarse con prensa a la que no compra, recomendó a los suyos que trabajaran sin ocuparse de lo que se dice. En un alarde de desprecio democrático que, ya de por sí, permite darse cuenta qué clase de gobernantes padecemos. 

Bárcenas, militante del PP, desconocedor del sistema democrático, reclama al Gobierno que aparte de su caso a las fiscales y a los policías que le investigan o los jueces que no le gustan, para evitar ir a la cárcel, haciendo uso de maniobras chantajistas, y amagando con hacer públicos unos papeles que demostrarían hasta dónde llegó la financiación ilegal del PP y la deshonestidad de sus altos cargos. Como un Torres cualquiera, bestia negra de la monarquía, al que tanto odian quienes prefieren la opacidad a la verdad. 

Mas el  Gobierno, que ya ha hecho suficiente forzando la inhibición del juez Gómez Bermúdez -que al hacerse cargo de la denuncia de IU citó a empresarios donantes de fortunas al PP y cuya declaración aplazó Ruz-, sabe que no puede forzar demasiadas maniobras con la judicatura, porque, vigilante e irritado, un pueblo sometido a toda clase de privaciones y recortes,  no va a contemplar con la misma indiferencia que en el pasado, triquiñuelas legales como las que libraron al PP del caso Naseiro, germen de cuanto está aflorando en el presente.

Cuesta trabajo entender que a estas horas, y con los datos que aporta del Pozo en su artículo, el juez Ruz no haya ordenado el registro inmediato de la casa o los despachos o cualesquiera propiedades que pueda tener el señor Álvaro Lapuerta, también extesorero del PP, y en cuyo poder parece que obran esas hojas que tanto estremecimiento pueden causar al Gobierno. 

Este país no puede permitirse estar esperando el capricho de ‘largar’ de un político resentido para sacar de la vida pública a cuantos están ejerciendo el poder y, a la vez, son protagonistas de un mayúsculo escándalo de corrupción. La Justicia tiene la ineludible obligación de aclarar este asunto cuanto antes, y si es preciso, el Supremo obligar a la dimisión del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas. 


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