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¿Y si por fin a los jueces les diera por cumplir con su oficio?



¿Y  si por fin, dado como están las cosas en este país, a los jueces les diera por cumplir con su responsabilidad y librarnos de tanto corrupto y tanta injusticia? 

Acostumbrado como está el pueblo a que sus señorías se la jueguen con frecuencia, poniéndose siempre de parte de los poderosos, el cambio de conducta podría ser una milagrosa forma de devolver el prestigio a la Justicia y hacer prevalecer la honestidad e, incluso, el sentido común, frente a todos los abusos que viene cometiendo, desde que llegó a La Moncloa, el Ejecutivo del PP, ya sea por los recortes inmisericordes, ya sea por el lodazal de corrupción  que supone la supuesta financiación ilegal del partido que sustenta al Gobierno, con Bárcenas o sin Bárcenas. 

La decisión del juez Gómez Bermúdez de admitir a trámite la querella interpuesta contra el PP por IU, Ecologistas en Acción, Los Verdes, la Asociación Justicia y Sociedad y la Asociación Libre de abogados supone una alegría para quienes  contemplan indignados el lodazal de corrupción protagonizado por Don Luis el Cabrón, alias Bárcenas y, a la vez, una notable inquietud para el PP, al que, es de suponer, no le debe llegar la camisa al cuello tras la decisión de Gómez Bermúdez que, en el auto de admisión ya cita directamente a declarar a Bárcenas, Álvaro Lapuerta y a todos los empresarios que donaron dinero al partido presidido por Mariano Raxoi, al considerar que en ‘el mejor de los casos, fue partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal’ 

El magistrado, al que no parece que le haya temblado la mano a la hora de dictar medidas para instruir la causa, le da siete días al PP para que le informe de todos los donativos empresariales recibidos entre 2002 y 2009, a la vez que cita a declarar a los donantes entre los que se encuentran el presidente del Grupo Sando,  Manuel José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, que regaló al PP medio millón euros.

Entre los querellados también están Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo. En la citación también se menciona a empresas como Sedesa, que fue en su día propiedad del actual Presidente de las Corts del País Valencià, Juan Cotino, o Mercadona S.A, junto con otras varias, que completan una lista de dieciséis. 

Desoyendo el criterio de la Fiscalía, que recomendaba que fuese el juez Ruz el que asumiese la petición de los querellantes, Gómez Bermúdez al considerar que esas recomendaciones no son vinculantes y por lo tanto no tiene por qué atenderlas, solicita "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado", al tiempo que pide al juez Ruz el traslado de los autos del cinco de febrero y del uno de marzo, en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto diligencias. También solicita el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'. 

En la petición de la Fiscalía para que Gómez Bermúdez se inhiba a favor de Ruz se ve muy claro su propósito. Al fin y al cabo está vinculada al Gobierno, dado que al Fiscal General lo nombra el Ejecutivo. El deseo de que pase a Ruz está, seguramente, motivado en que este magistrado es responsable del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional de forma interina y que, dentro de apenas cinco meses, se hará cargo de él su titular, al que se le encuadra dentro del sector más conservador de la judicatura. 

Es muy posible que Gómez Bermúdez se resista con uñas y dientes a inhibirse a favor de Ruz, y tendrá que ser la Sala de lo Penal de la Audiencia la que determine quién ha de ser el juez responsable de un asunto tan fétido y sospechoso como es la financiación ilegal del PP, porque eso es lo que se ha dado en bautizar como Caso Bárcenas. Y del juez que entienda el asunto dependerá su resolución. Porque de caer en manos de un togado afín al PP podría darse la segunda y malhadada edición del Caso Naseiro. 

Aunque también se puede pensar, echando mano del concepto del vaso medio lleno que, en el presente, no están las cosas para que sus señorías se rían en la cara de los ciudadanos proporcionando la impunidad absoluta de quienes, a la vez que recortan derechos, abultan sus cuentas a costa del pueblo.  

Que el caso no es sino la punta del iceberg de un entramado ilícito de contratos públicos adjudicados a dedo por administraciones autonómicas y ayuntamientos,  gobernados por el PP, y tal vez ministerios en la época de Aznar, no parece que quepa duda. Que hubo adjudicaciones tramposas desde distintas áreas gubernamentales en esa época dan indicios los miramientos que tienen con Álvarez Cascos que, aunque ya no está en el PP, parece dispuesto a callar algunas tropelías. Dice el interesado que por el buen nombre del PP, aunque lo que le debe detener a la hora de largar, al igual que a Rato, debe ser el conocimiento de que si lo hacen ellos serían los primeros perjudicados, y podrían acabar entre rejas.  

De lo que hay indicios es de que algunos jueces empiezan a considerar que las aguas de la corrupción están subiendo en exceso y hay que escarmentar a los futuros corruptos con sentencias ejemplarizantes en el presente. Así lo debió pensar la señoría de la Audiencia de Barcelona, al dar indicios de compartir la frustración de los ciudadanos, cuando decidió anular el pacto firmado con la fiscalía por parte de los implicados en el Caso Pallerols –en el que un empresario y dos dirigentes de Unió desviaron fondos de la UE destinados a los parados en su propio beneficio- que les permitía no cumplir penas de prisión. El togado consideró que resulta escandaloso en estos tiempos que los condenados por un caso de corrupción política puedan eludir la justicia mediante pactos, pese a su culpabilidad. 

Otra grata noticia dimanante de los tribunales, ha sido la protagonizada por  el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que tiene a bien desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre el cierre del ambulatorio de Tembleque. En el auto no solo le dicen al Gobierno de esa comunidad que nones, sino que le reprochan que ignore los riesgos que para la salud de los pobladores del municipio castellano-manchego supone el cierre de su ambulatorio.

Recoge la sentencia otro criterio esperanzador, que debiera cundir entre la judicatura con el fin de poner pie en pared a tanta barbarie privadora de derechos por parte de los gobiernos del PP, porque advierte a los políticos de que no se pueden anteponer cuestiones económicas a los riesgos que para la vida de las personas suponen algunos recortes.  

Es posible que sea ingenuidad, pero tal vez a sus señorías les haya invadido un sentimiento justiciero y algunos estén decididos a asumir la tarea de poner un poco de decencia y equidad en un país donde se padece un Gobierno que no para en menudencias a la hora de privar de derechos al pueblo. O de engrosar sus propias cuentas que prestamente envía a paraísos fiscales, con la complicidad de sus tesoreros. O extesoreros.

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