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Tiempo de crisis: El pueblo no quiere costear barraganas al rey



Que se viven tiempos convulsos en este país nadie lo duda. La crisis económica, los recortes aplicados insistentemente sobre las capas más frágiles de la población en tanto que se rescatan bancos con dinero público que se hurta en Educación, Sanidad y prestaciones sociales y los escándalos de corrupción que afectan principalmente al partido del Gobierno, inmerso en una más que probable financiación ilegal, tienen encorajinada y escandalizada a una sociedad que, por si fuera poco, contempla con asombro como la más alta institución del Estado, su jefatura, encarnada en una monarquía obsoleta, está en el punto de mira de la Justicia y los objetivos indiscretos de las cámaras. 

Primero la sociedad conoció con asombro que el yerno del rey, ese chico guapo que parecía un marido de película, alto, deportista y encantador, era, en realidad, un corrupto apandador de fondos públicos y evasor de capitales. Y a esa ruptura de la idílica imagen de una Casa Real, de una familia de vida irreprochable, se ha sumado el conocimiento de una historia solo divulgada en cenáculos restringidos, que se la callaban, cortesanos y complacientes, la de que el rey tiene una amante. 

Hasta ahí, y conociendo la idiosincrasia del pueblo español, que aún considera que un hombre infiel es muy macho y una mujer que hace lo mismo, sin embargo, es una puta, la cuestión no parecía tan grave como podría ser vista en los países protestantes donde la vida privada de las personas públicas es juzgada con dureza y con nula permisividad. Que el rey Juan Carlos, de provecta edad, tuviera una amante podría verse por muchos hasta de forma cómplice, a pesar de que la imagen de su consorte haya sido respetada y admirada. 

Mas cuando se empiezan a conocer detalles de esa relación, y que la infidelidad real cuesta dinero público, la cuestión ya no es vista con tanta condescendencia. Tal vez si este país no estuviera padeciendo una de las crisis económicas más brutales de su historia reciente, el desahogo del rey, al permitir que la casa de su amante se reformase con fondos públicos, podría haber pasado, incluso, desapercibido. 

Pero cuando el pueblo padece en sus carnes la fiebre de la austeridad impuesta por una UE gobernada por especuladores financieros y políticos ultraliberales, aplicada por un Ejecutivo proclive a favorecer a la oligarquía, la malversación de fondos públicos se tolera mal. Y de malversación de caudales públicos podría calificarse que la Casa Real haya costeado, con dinero público, el nidito de amor del monarca. 

Las obras de mejoras de la finca de La Angorilla le supusieron al erario un desembolso de 288.943 euros en 2004, y otros 16.445 al año siguiente. El lugar es una de las varias edificaciones menores del espacio protegido de Los Montes de El Pardo, donde se ubican, además del Palacio de la Zarzuela, actual residencia real, y el del Pardo, que albergó durante cuarenta años a la familia del dictador Franco, varias construcciones, antiguos pabellones de caza de los borbones. 

Ya se sabe que la monarquía siempre ha tendido, a lo largo de la historia, a considerar que todo lo que hay en el país es de su propiedad. Y al seguir esa tradición mostrenca y nada democrática, el rey debió encontrar lógico que fuera el erario el que pagase la reforma de la casa donde se alojaba su amante en los periodos que residía en el país. 

Para hacer más agradables las estancias de la real amante, con unas maneras propias de una monarquía absolutista, se amplió y cubrió una piscina, se construyó otra descubierta y un enorme garaje, al tiempo que se creaban nuevos e inmensos jardines, que vistos desde el aire lucen impecables y,  donde antes había un camino de tierra estrecho, ahora aparecen carreteras asfaltadas. Y se hizo, para mayor desfachatez en unos terrenos que tienen la calificación de espacios naturales protegidos de especial interés. Algo escandaloso si hubiese dignidad en la ciudadanía y vergüenza en los gobernante que nunca debieron tolerar tales obras.

Han pasado ocho años desde que se llevó a cabo una reforma de la que nadie supo, como nada se comentaba de las relaciones extramaritales del Borbón que, como todos sus antepasados, ha sido proclive a infidelidades y aventuras constantes a lo largo de todo su matrimonio.

Y aunque algo se habló hace años, cuando tonteó como un baboso con la periodista británica que le entrevistó en La Zarzuela presentándolo a los ojos de los espectadores de su país como un bobo solemne, la tónica general de la prensa fue siempre la de callar ante las desmesuras de un monarca que, durante años, se presentó como el salvador de la democracia por su intervención durante el golpe de Estado de 1981. Del que, todo sea dicho, pasados treinta años apenas se conocen detalles, y sí existen aún muchas zonas obscuras respecto al papel que jugó el rey, aunque la línea oficial haya sido la de mostrarlo como garante de la democracia. 

Este pueblo no está, con la brutal crisis que se viene cargando en sus espaldas, para tonterías ni abusos medievales. Los negocios de su yerno, la permisividad de la Casa Real con ellos, la posible participación de la Infanta Cristina en las operaciones de dudosa legalidad del marido y  las aventuras del rey a costa del erario empiezan a ser vistos con desagrado.  

Porque el amor extraconyugal de Juan Carlos de Borbón no ha supuesto solo el gasto de reforma de su nido de amor extramarital, sino y también, los que conllevaron o incluso conllevan en el presente, la protección de la real amante a cargo de los presupuestos del Centro Nacional de Inteligencia, ocupado en la seguridad de la susodicha durante sus largas estancias cerca de su ‘entrañable amigo’, que es la forma en como alude Corinna Larson -su plebeyo nombre de soltera antes de casarse con el maduro príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein- a su relación con el tenorio monarca español. 

Han pasado los tiempos en los que las amantes reales gozaban de prerrogativas y prebendas a costa del sufrido pueblo. Si el rey quiere alojar a su amante, que le compre una casa con el dinero que atesora en el extranjero procedente de sus muchos negocios, o que abone, con el mismo peculio, una planta del hotel más lujoso de la capital del reino. Y con los mismos haberes le pague la escolta. 

Lo que no es de recibo es que los caprichos de septuagenario monarca se carguen a las cuentas públicas, ni que el Gobierno se comporte como aquellos válidos cortesanos del siglo XVII, que tenían más de alcahuetes que de gobernantes, al proteger y encubrir las aventuras amatorias de los reyes. 

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