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Regreso a la dictadura: Delaciones anónimas, difamación y olvido



Si la UE fuese la Unión Europea de los Pueblos y no de los mercados, si se tratase de un espacio común de derechos y libertades, en lugar de un espacio nada común de imposiciones de austeridad, cobro de intereses de ruina para los países deudores y grandes ganancias para los acreedores, si la UE garantizase los derechos de la población de todos los países miembros, tendría que intervenir este país, o al Gobierno, para evitar la constante vulneración de derechos fundamentales. 

Porque se están produciendo muy graves vulneraciones en materia de derechos humanos, de libertad, que recuerdan a épocas que algunos ingenuos creían periclitadas pero que, desde el partido del Gobierno, o sus Nuevas Generaciones que, con la anuencia y apoyo de sus mayores, constituyen atentados a la libertad de expresión y cátedra que suponen un retorno a épocas que transportan a los de la dictadura, o aún mucho antes, cuando en tiempos de la Inquisición la delación anónima era utilizada por elementos abyectos, para conseguir la represión y eliminación de quienes no compartían sus creencias. 

La costumbre no parece que se haya olvidado, porque de fascista e inquisitorial se puede tildar a las Nuevas Generaciones de Castellón, cuyo presidente provincial, Gonzalo Bautista, ha puesto en marcha una campaña bajo el lema “Me quieren adoctrinar, que no te líen”, en la que invita a los estudiantes a denunciar a sus profesores a través de correo electrónico y de forma anónima, si estos no comparten sus principios ideológicos. Correos electrónicos que NNGG se compromete a hacer llegar a “los organismos competentes”. Hasta el lenguaje retrotrae a épocas supuestamente caducas. 

Dispuestos a convertirse en comisarios políticos, invitan a la delación anónima de alumnos contra docentes que, en el ejercicio de su libertad de cátedra, puedan hacer críticas a la nueva ley de Educación o, según ellos, lleven a cabo “imposiciones ideológicas”. “Existen casos en los que se hace un uso inapropiado de la libertad de cátedra atentando contra un modelo educativo neutro e imparcial” señala el citado presidente provincial de NNGG del PP de Castellón que cuenta, cómo no, con el apoyo de la dirección provincial de ese partido, que quiere, como sus cachorros, impedir que se produzcan, ‘delitos’ adoctrinamientos catalanistas’. O dicho en román paladino, que el profesorado exprese libremente sus ideas. 

Esta nueva ocurrencia del PP valencià, que traslada a épocas inquisitoriales, o de la dictadura no extraña mucho si se atiende la deriva fascista de ese partido que, cuando se trata de enfrentarse a las críticas de la ciudadanía, lo único capaz de hacer es criminalizar y difamar a quienes, en el uso de sus derechos, manifiestan su repulsa a las decisiones gubernamentales. 

Entre la diversa fauna en absoluto en peligro de extinción que habita el PP, existen elementos que sorprenden cada vez que abren la boca, porque sus declaraciones incendiarias parecen estar orientadas únicamente a provocar la indignación de los ciudadanos a la vez que se curan en salud, para justificar cualesquiera medidas de represión brutal. 

Así, la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha acusado hoy a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de ser filoetarra, de contar con el apoyo de simpatizantes de la banda terrorista  ETA, yendo un paso más allá de lo que fue su correligionario Ignacio Oyarzabal o la portavoz de UPyD, Rosa Díez, al calificar los escraches como una forma de kale borroka, en un ejercicio de difamación intolerable en una democracia. 

Aunque sería ingenuo extrañarse del escaso talante democrático de los integrantes del PP, que están mucho más cercanos, en términos ideológicos, a la dictadura del genocida Franco que a una democracia. La afirmación podría parece exagerada en caso de que no existiesen datos que corroborasen esa cercanía, dado que, como dicen los textos de esa religión a la que tan apegados están muchos ministros del actual Gobierno ‘por sus obras los conoceréis’. 

Y sus obras son las que señala el exfiscal anticorrupción Carlos Giménez Villarejos, en un artículo publicado por el digital El Plural.com, del que extraigo el siguiente párrafo:

“Las medidas gubernamentales adoptadas hasta ahora son  directamente cómplices de la dictadura. Primero, el Ministro Gallardón, sin dilación alguna, suprimió la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando un primer golpe al sistema de amparo de dichas víctimas. Posteriormente, ya en los Presupuestos Generales para el próximo año, ha suprimido totalmente cualquier ayuda económica de las previstas en la citada LMH para cualquiera de sus previsiones, en un gesto de manifiesta hostilidad hacia el conocimiento público del franquismo y las subvenciones a las víctimas. Es particularmente dolorosa e irritante la supresión de ayudas a “la indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, así como la dignificación de los lugares de enterramiento”. Sobre todo, cuando, aún permanecen sin localizar los restos de, aproximadamente, 120.000 personas. Pero, en este proceso encarnizado contra todo lo que represente mantener viva la memoria democrática del franquismo han dado otra vuelta de tuerca. Esta vez ha sido el Ministro Wert, que ha ordenado suprimir el Portal digital sobre “Víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo”. Portal que fue creado, según figura en el mismo, para cumplir “uno de los mandatos más significativos de la Ley de la Memoria Histórica: facilitar el acceso a los documentos relativos a las víctimas de la Guerra Civil, el exilio y sus consecuencias y la represión durante la dictadura franquista”.  Portal que contaba con mas de 750.000 entradas y que, como expone la Pregunta parlamentaria planteada el 18 del presente mes por Izquierda Plural, “había ayudado a cientos de personas a conocer el paradero de sus familiares”. Así se aniquila una de las medidas adoptadas por el anterior Gobierno en orden a aplicar políticas públicas para el fomento y protección de la memoria democrática.”

Ante el relato lo narrado en este post, no sería un disparate, de ser la UE una comunidad de países democráticos, y no tan solo una mera asociación de especuladores financieros, que rescatara a este país de unos gobernantes que ignoran los principios democráticos, norma común en el resto de los que componen el ámbito comunitario.  


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