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Ni derechos ni prestaciones: El precio del despilfarro valenciano




“Esto es insoportable, no sé cómo no los echamos del Consell de una vez”. Eran las palabras de una de los muchos miles de personas que se manifestaron el pasado 23 de Febrero en las calles de Alacant, una de las ochenta ciudades que vieron como una marea de descontentos salía a la calle. 

Si en todo el país la ciudadanía tiene motivos para hacerlo, mostrando así su descontento, los habitantes del País Valencià los tiene aún en mayor medida. Porque en esos territorios la crisis económica se deja sentir aún más cruelmente, debido al monstruoso déficit que arrastra desde hace años a causa de despilfarros, e incluso latrocinios, de unos gobernantes que, por primera vez en muchos años, no cuentan con el afecto del electorado. 

En el pasado ‘Nou d’octubre’, fecha de celebración del Día de la Comunidad –el Consell desterró por decreto el término País Valencià, que siempre utilizó la izquierda-, el diario El País, publicaba una encuesta de Demoscopia en la que se recogía el dato de que, por primera vez en casi veinte años, el PP perdería la mayoría absoluta, pasando de los actuales cincuenta y cinco escaños a solo cuarenta y dos, perdiendo no solo la mayoría absoluta sino la posibilidad de formar gobierno porque ni con el apoyo de UPyD superaría en votos a los que conseguiría la izquierda, PSOE, EU y Compromís. 

“Llueve sobre mojado, esto empezó en 1998, y desde entonces los sucesivos gobiernos de Zaplana y Camps no han hecho otra cosa que tirar el dinero de los valencianos, cuando no saquear directamente las arcas públicas como en Emarsa” expresaba una de las asistentes a la Marea del 23F. 

Y es que los lodos de la miseria actual del País Valencià los trajeron los polvos de un despilfarro que arrancaba en 1998. En ese tiempo El País, anunciaba, el 1 de noviembre, en un artículo a cuatro columnas: “El Consell se endeudará en 27.170 millones para impulsar sus grandes proyectos de ocio. La Ciudad de las Artes, Terra Mítica y Castellón Cultural piden un 61% más de créditos”. Era el comienzo de la era del despilfarro que ha llevado a la insufrible precariedad que soportan millones de valencianos en el presente.


En los quince años transcurridos desde aquel anuncio, los grandes proyectos en los que el Consell malgastó millones de euros, se han ido desmoronando como castillos de arena construidos en la orilla de los cientos de kilómetros de playas arruinadas por la fiebre del ladrillo. 

Terra Mítica, el Parque Temático que el Consell pensaba como el más importante de España, o del mundo si se terciaba, y en el que las arcas públicas emplearon 377.000 millones de las antiguas pesetas acabó vendida por sesenta y ocho millones. Terra Mítica, junto con otros desastrosos proyectos de sucesivos gobiernos del PP, y de su manera irresponsable y delictiva de usar el dinero público, contribuyó a la ruina, y al rescate con el dinero de todos, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja que se saqueó para financiar proyectos absurdos, costear caprichos de sus consejeros y realizar inversiones descabelladas en países exóticos.

El megalómano proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, de Santiago Calatrava, y que costó cerca de cuatrocientos millones de euros, ha devenido en salones que se alquilan para bodas, y cuyas cubiertas se van deshaciendo y desmoronando como todos los proyectos del Consell. Varios millones más que la Ciudad de la Luz de Alacant, unos estudios de cine institucionales que, en el presente, no pueden ni alquilarse debido a problemas legales. 

El Gran Premio de Fórmula1, el dislate más caro de Camps, que le permitió pasearse al volante de un Ferrari supuso, hasta la edición del pasado año, la friolera de cerca de trescientos millones de euros. Al beato expresidente de la Generalitat le atraía mucho el deporte y, disparando con pólvora del rey, con el dinero de los valencianos, firmó cuanto ofrecimiento relacionado con el deporte le ponían delante. Como el aval crediticio para los equipos de fútbol de 1ª División que ahora han de pagar los valencianos con su dinero, nada menos que ciento dieciocho millones de euros. 

Y aunque la crisis ya comenzaba a enseñar las orejas, los políticos del País Valencià siguieron llevando adelante la construcción de obras costosísimas e inútiles, como el aeropuerto de Castellón, que costó a las arcas  públicas trescientos millones de euros, y que acabará costando a los valencianos muchos más, porque por mucho que se anuncien posibles ventas, parece que nadie cargará con esa obra inservible.

Y si durante años el Consell dilapidó miles de millones de euros en propósitos inútiles, que no se pensaron más que para satisfacer la megalomanía de unos gobernantes irresponsables, las arcas públicas sufrieron también el latrocinio desenfrenado de cargos públicos carentes de ética y presos de un sentido de impunidad que les llevó a saquear impunemente cuanto se les puso a su alcance. 

Ahí están, como muestra, el caso Gürtel, o el saqueo a Emarsa, la sociedad pública que gestiona desde finales de los ochenta la planta de aguas residuales de Valencia y su área metropolitana. Sus directivos dispusieron de, como poco, veinte millones de euros, defraudados a las arcas públicas en viajes de lujo, comidas pantagruélicas, compra de ostentosos regalos, y hasta en chicas de compañía. 

Entre el despilfarro sistemático y el latrocinio organizado, las arcas públicas entraron en estado de coma y, en el presente, la penuria de una comunidad cuyo déficit es el más alto de todo este país de países, ha llevado a sus gobernantes a querer reducirlo por el sencillo sistema de acabar con los derechos de los ciudadanos. 

La Educación Pública –perseguida ideológicamente por unos gobernantes ultracatólicos que vienen, desde hace años, desmantelándola a la vez que subvencionan los centros concertados de la secta católica- padece unas condiciones penosas, en las que miles de alumnos cursan sus estudios en colegios en mal estado, en los que no pueden pagarse las calefacciones ni las fotocopias y centros de barracones, donde carecen de aulas de informática, laboratorios y bibliotecas. 

A la vez, se persigue al profesorado. La última ocurrencia, hasta el momento, de la Conseller Catalá, es desechar los derechos adquiridos de miles de docentes interinos en las bolsas de trabajo, reconocidos en un convenio firmado en 2010 con los sindicatos, para potenciar un modo de contratación distinta y decidida unilateralmente. Muchos piensan que el propósito es “dejar de pagar trienios, echarnos  a la calle, para contratar gente joven a la que paguen menos”, según lamentaba un docente al conocer los propósitos de la Consellera de Educación.  

“Nos quieren tirar a la calle a gente que llevamos quince o veinte años en la docencia, personas mayores que nos vamos a encontrar con que no hemos cotizado lo suficiente para cobrar la jubilación, que tenemos familias, hipotecas, una vida hecha que van desbaratar, condenándonos a la miseria” se quejaba airada a esta bloguera una profesora que dice “estar dispuesta a ponerme en huelga de hambre para defender mis derechos”. 

En los presupuestos de 2013, la Generalitat recortó un 9.6% de la partida de Educación. “Con los recortes van a desaparecer cuatrocientos colegios públicos, a los que la Generalitat debe cincuenta millones de euros” señalan docentes de esos colegios que ve su puesto de trabajo en peligro, porque las cifras destinadas por el Consell a la Educación Pública han sufrido una importante merma, a causa de la necesidad de reducir el déficit que viene arrastrando el País Valencià a causa del despilfarro de pasado años. 

Y si la Educación Pública sufre las consecuencias de unas políticas de derroche enloquecido e inútil,  la Sanidad y el Bienestar Social padecen igualmente unos recortes desmesurados, al tiempo que se sigue tirando dinero público en el Gran Premio de Fórmula1.

Porque si en Sanidad los planes del Consell de abaratar la factura de los medicamentos recortando en los más débiles, los enfermos crónicos, en Bienestar Social, Conselleria que igualmente sufrió un notable recorte en los últimos presupuestos, las partidas destinadas a Dependencia, Discapacidad o Servicios Sociales se han visto igualmente mermadas. En prestaciones sociales el gasto por habitante en es de 129,6 euros anuales, muy por debajo de la media estatal, de 280 euros. También el porcentaje del PIB destinado a esas partidas, del 0,65%, es menos de la mitad de la media, del 1,25%. El Govern gasta un 4,28% de su presupuesto en atención social, cuando la media del Estado es de 6,93%. Eso en una Comunidad donde la tasa de paro alcanza el 28.1% una de las más altas de todo el país, con setecientos mil doscientos parados. 

“Estamos pagando los más débiles las consecuencias de los derroches y los atracos de unos políticos sinvergüenzas, y lo más triste es que la gente no es capaz de reaccionar y sacarlos del Consell a hostias, este pueblo está enfermo de pasividad” se quejaba uno de los manifestantes de la Marea Ciudadana. 

Y es que en pocos lugares como en el País Valencià la falta de sentido común y de ética de unos gobernantes que, durante años, gozaron del voto irreflexivo de una ciudadanía irresponsable, arruinaron el erario de forma tan eficaz. Mientras, un pueblo sin cerebro se mostraba encantado con ver crecer espectaculares edificios que no servían para nada o asistir a espectáculos deportivos o ‘eventos’ que decían que gratis, cuando les estaban costando, sin ellos saberlo, el futuro y el bienestar de sus hijos y de ellos mismos.


Comentarios

  1. Es tan injusto lo que cuentas tan injusto que esta entrada este en un blog y no en un periodico, animo luisa y enhorabuena porque a mi me encanta leerte, si eso te sirve de consuelo besos

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  2. Gracias Jaqueline, y precisamente por escribir como y lo que escribo, este tipo de reportajes, es por lo que estoy en paro, y pasándolas muy negras.

    Porque yo soy de una de esos valencianos que llevan meses solicitando una prestación a la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania y ni saben ni contestan. Y así ando, viendomen obligada a colgar súplicas de ayuda para poder mantener abirta la página porque no puedo ni pagar la factura del teléfono e Internet

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