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El vómico alegato del abogado Pellúz y la tolerancia con la ultraderecha







A veces es necesario en este triste país que se dé una noticia o se produzca un hecho para que nos podamos enfrentar a nuestras miserias. Si durante años nadie supo de la ignominia que representa la Ley de Desahucios hasta que estos fueron masivos, ni casi nadie se planteaba que los bancos eran auténticos depredadores de las economías particulares, a las que atracar con comisiones y productos que solo son rentables para las entidades, han tenido que ser las palabras de un abyecto y senil abogado que defiende a unos malnacidos agresores de personas indefensas, las que nos han permitido darnos de bruces ante la realidad de un país, supuestamente democrático, en el que existen no pocas deficiencias legales a la hora de poner coto a la ultraderecha y el fascismo.

Porque cuando el letrado Ángel Pellúz, de ideología ultraderechista y procesado en el pasado por estafa inmobiliaria,  se permitió proclamó en sede judicial que ‘los mendigos son un cáncer de la sociedad’ y por lo tanto ‘seres a erradicar’,  mostrando a la vez añoranza por la ignominiosa ley de Vagos y Maleantes, permitió  que nos hayamos dado de bruces ante la realidad de que, aunque existan leyes contra los agresores, no existen contra ideologías perniciosas e inadmisibles en países democráticos. 

En Alemania existe legislación que prohíbe hacer apología del nazismo, pero no solo, el partido nazi está prohibido y su existencia transcurre en las cloacas de la ilegalidad. Aquí, por el contrario, los partidos nazis o de ultraderecha pueden, de quererlo, presentarse a unas elecciones. De hecho lo hizo Fuerza Nueva, cuyo máximo representante, Blas Piñar, consiguió un escaño en la segunda legislatura de esta reciente pseudodemocracia, aún siendo el máximo responsable de una formación en cuyos servicios de seguridad anidaban asesinos convictos. 

Los veinte de noviembre de todos los años los nostálgicos del franquismo pasean su arrogancia y su añoranza por la dictadura públicamente y no es infrecuente verlos, incluso en las manifestaciones auspiciadas por el hoy partido en el Gobierno, el PP, y enarbolar banderas inconstitucionales, enseñas de una dictadura de infausta memoria, sin que nadie los vaya a la mano. 

Piedra de escándalo en toda Europa fue la decisión del Tribunal Constitucional al admitir que la negación de los genocidios no ha de ser una ilegalidad, al darle el marchamo de una faceta más de la libertad de expresión, en contradicción a lo que sucede en el resto de países europeos. Por esa razón en este triste país se puede afirmar que los nazis no cometieron un genocidio contra los judíos, ni los turcos contra los armenios. 

Tampoco es de extrañar en un país en el que se niega el atroz genocidio franquista contra los republicanos y que el propio actual Gobierno proclame, junto con pseudohistoriadores fascistas, incluidos los de ese antro de reaccionarios que es la Academia de la Historia, que el régimen franquista no fue una dictadura. 

El Código Penal español no recoge la apología del nazismo ni del fascismo como delito, aunque sí el de la violencia. Pero en tanto no se líen a mamporros con quienes no comparten su ideología –aunque de hecho es frecuente que lo hagan- se les permite campar por sus respetos. 

Cabe preguntarse por qué ningún gobierno de los que han legislado a lo largo de los treinta años de supuesta democracia nunca se atrevió a ilegalizar a partidos como Falange, responsable durante los años de la guerra y de los cuarenta años de postguerra, de infinidad de crímenes. 

Resulta incomprensible que al tiempo, al excoronel Martínez Inglés le pidan quince años de cárcel por escribir un artículo con opiniones sobre la dinastía borbónica, cuando existen cientos de libros sobre ella. Como lo es calificar de atentado al honor del rey el reproche de que malversa fondos públicos, precisamente a los pocos días de que se conociese que hizo cargar al erario público la obra de mejora de su nidito de amor en los Montes del Pardo. 

Decir que se desprecia a una familia en la que el cabeza de la misma se va a asesinar elefantes a cuenta de un jeque árabe y acompañado de su amante, mientras el país vive inmerso en una crisis económica que afecta con crueldad a las clases menos favorecidas, y en la que uno de los yernos está procesados por delitos pecuniarios de diversa índole, no debería ser considerado delito, precisamente cuando, en ese mismo país, se actúa con extrema laxitud contra quienes hacen apología del franquismo y el golpismo. 

Y en el que los legisladores nunca se interesaron por poner coto a al fascismo, a los defensores y nostálgicos del golpismo, a los nazis y a los enemigos de una verdadera democracia, en la que la pertenencia a esos grupos debiera estar proscrita como lo está en los países civilizados. 

Las palabras del abogado Ángel Pellúz ponen de manifiesto que en este triste país perviven ideologías e individuos que, a poco que nos descuidemos, se multiplicarán como el virus del ébola, porque los legisladores nunca previeron la necesidad de dictar leyes profilácticas contra ideologías abyectas.


 





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