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El TJUE dice ¡basta! al abuso de la Ley Hipotecaria: Sí se pudo



Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que le diga al Gobierno de este país lo que los ciudadanos y muchos jueces venían clamando desde que se desató la locura de los desahucios que ha dejado en el camino miles de hipotecados sin casa y un importante número de personas que se quitaron la vida por desesperación e impotencia ante una ley abusiva e injusta que dejaba, y aún deja, a los ciudadanos inermes ante la codicia de la banca: que la ley Hipotecaria es abusiva y no cumple con las normativas europeas. 

Durante años, sucesivos gobiernos miraron para otro lado ante los abusos de la banca, prisioneros de las imposiciones de las entidades a las que los partidos deben ingentes cantidades de dinero a causa de los muchos créditos que, desde que se instauró en los años setenta, la actual pseudodemocracia, fueron firmando para realizar campañas electorales o atender a sus necesidades orgánicas. 

En esta ocasión, y tras años de sufrir imposiciones injustas de una UE manejada por los poderes financieros que, están obligando a sacrificios sin cuento a los ciudadanos, para cumplir con el pago de una deuda abusiva y claramente odiosa, la pertenencia a la UE supone un paraguas ante una ley abusiva que debería haberse derogado hace lustros. 

Un ciudadano víctima de los atropellos de la banca, Mohamed Aziz, su abogado, Dionisio Moreno, con la cooperación del juez de lo Mercantil, José Ramón Fernández Seijo, han sido quienes han abierto una puerta, más que de esperanza, de justicia. Ellos han hecho posible, como ha manifestado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, Juan Luis Ibarra, que los magistrados  dejen de ser ‘los cobradores del frac’ de la banca. 

Una banca siempre protegida por los legisladores que nunca ponen coto a sus abusos depredadores, a las cláusulas abusivas en contra de cualquier normativa de derechos de los consumidores que, en el seno de la UE, se respetan desde hace años y que en este triste país son sistemáticamente ignorados, porque siempre cuentan con más poder los bancos o las grandes empresas. 

Que hayan sido particulares y jueces, movimientos ciudadanos como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca dice mucho de la falta de diligencia de unos legisladores acomodados en la inanidad, que no hacen sino mirar para otro lado sin hincarle el diente a leyes obsoletas que, de ser este país de verdad una democracia, tendrían que haber derogado hace mucho tiempo. 

Y aunque desde el actual Ejecutivo del PP, y desde el Presidente Mariano Raxoi al portavoz del grupo parlamentario, Alfonso Alonso, pasando por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguran que adecuarán la legislación española a la normativa europea, es de sospechar que se resistirán como dicen que lo hacen los gatos cuando están panza arriba, antes que perjudicar a sus muy queridos oligarcas de la banca. Aunque al final no tengan más remedio que aplicar la normativa europea, porque saben que les pueden caer desde sanciones económicas a las que les costaría hacer frente a las críticas más acerbas por parte no solo de los políticos, sino de todos los estamentos europeos que entienden de los derechos de los consumidores. 

Lo doloroso de todo esto es que, a causa de una legislación injusta y claramente abusiva en la que los deudores de los bancos estaban indefensos a todos los abusos impuestos de forma unilateralmente por las entidades bancarias, es que ni los que se han visto desahuciados de sus viviendas, en ocasiones sin tener dónde ir y en casos extremos quedándose al raso, y en el más dramático de personas que se quitaron la vida ante la impotencia de quedarse sin sus bienes por deudas ínfimas, no hay marcha atrás,  ni los causantes de los dramas, y de las muertes, se verán obligados a responder por ellas. 

Como no se verán sancionados los brutales policías que, cumpliendo las órdenes de políticos dictatoriales o jueces sin alma, intervinieron en muchos desahucios golpeando, humillando y lesionando a quienes se oponían a un abuso que, demostrado queda, era ilegal. 

Los abusos cometidos por las entidades bancarias, al ejecutar hipotecas en ocasiones por uno o dos meses de demora en el pago–en caso de no llamarse Urdangarín y no deber millones de euros- y a las que se les cargaron unos intereses rayanos en la usura quedarán impunes y, ni las entidades bancarias, ni los políticos que permitieron tanto abuso responderán ante los tribunales por un auténtico genocidio que ha costado vidas, ha obligado a muchas familias a abandonar sus lugares de residencia como si de refugiados se tratase, al tener que huir, no de presiones racistas o de conflictos bélicos , pero sí de depredadores tan peligrosos como los más mortíferos de los mercenarios.  

Aún queda un largo camino que recorrer, el de la dación en pago, que acabaría con ese abuso que obliga a quienes, además de haber perdido su casa, permanezca obligado eternamente por deudas desproporcionadas que obliga, a quienes están en esa situación, se vean condenados a no poder ya, en tanto deban un mísero euro, solicitar crédito alguno que palie su situación económica, sino ni poderse dar de alta en una compañía telefónica, estigmatizados con la M de morosos, como en Salem estigmatizaron a las mujeres con la A de adúlteras. 

Tendrá que ser inevitablemente la presión ciudadana y la ayuda de la UE la que ponga freno y coto a los abusos de la banca y a la connivencia de un Gobierno, el del PP, cuyos intereses están, exclusivamente, del lado más salvaje del capitalismo. 

Aunque tras el varapalo que ha supuesto para la obcecación del Gobierno en no dar un paso para acabar con una ley injusta, la presión de la ciudadanía y la insistencia de un ciudadano, un abogado y un juez, se puede pensar que, como claman en las manifestaciones cientos de miles de personas: Sí se puede.

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