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De los presuntos cohechos del PP a las verosímiles estafas de Urdangarin



La absoluta ausencia de moral pública por parte de individuos o instituciones que, estando obligados por su situación social a ser paradigmas de honestidad y rectitud moral, se nos muestra a diario con una ausencia de ética que seguramente no se daba entre filibusteros, bucaneros o bandoleros de Sierra Morena. En los no tan lejanos tiempos de la dictadura –no lejanos conceptualmente en lo relativo a comportamientos éticos- el concepto de inmoralidad se circunscribía a lo relacionado con lo sexual, ignorando otro tipo de carencias de honestidad. 

En el presente ese concepto ha cambiado y somos multitud los que encontramos mucho más inmoral que en un país donde se padece el drama del paro –que ha superado en más de cuarenta mil personas los cinco millones de trabajadores apuntados en las listas del INEM-, cuente, a la vez, con un empresario que es la tercera fortuna del mundo, según la lista Forbes: Amancio Ortega, maestro en la deslocalización de empresas, práctica que el presidente de la Patronal, Joan Rossel, considera lógica porque el fin de los empresarios es ganar dinero, sin reparar en las consecuencias que sus decisiones tienen para millones de trabajadores. Criterio que evidencia la inmoralidad de un sistema carente de justicia social, donde las diferencias salariales suponen un abismo de desigualdad. 

En el capítulo de las inmoralidades que nos asaltan a diario es de señalar lo que hoy denuncian los diarios El País y El Mundo, que informan de que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el paradigmático cabrón de los apuntes de la trama Gürtel, podría haber hecho su fortuna guardándose substanciosas cantidades del dinero de comisiones que un sinfín de empresarios donaban al PP en pago a la concesión de contratos públicos. 

Pareciera que nadie ha caído en la cuenta de que lo inmoral del asunto no está solo en los manejos de Bárcenas, sino, y sobre todo, en que el PP recaudase dinero cometiendo delitos de cohecho, al otorgar contratos públicos a empresarios que, en agradecimiento a la concesión, entregaban grandes cantidades de dinero, que, sin duda, repercutían en el encarecimiento de la obra pública. Hechos que, de poderse demostrar, deberían llevar a la desaparición de un partido que más que tal se asemeja a una asociación de malhechores.

Mas la inmoralidad y ausencia de ética no se limita a los partidos y a los empresarios, porque la más alta institución del Estado, la monarquía, se ve manchada cada día más, según se van desvelando las más que verosímiles estafas del yerno del rey. 

Cuando se conoce que la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS),    Diego Torres e Iñaki Urdangarín, supuestamente para ayudar a niños discapacitados, no fue otra cosa que una tapadera para evadir dinero público a Belice,  y al tiempo que creaban la caritativa ONG, montaban la empresa De Goes for Stakeholder, para a través de ella llevarse fondos públicos a Belíce, se ve hasta dónde puede llegar la inmoralidad de quienes se supone deberían ser ejemplo público de decencia.

La ONG del yerno del rey recaudó generosas donaciones, por las que no tenía que justificar informes ni pamplinas, y por su cara bonita, o por su supuesto caritativo fin, recibió dinero de diversos donantes, como la Sociedad de Autores, Abertis y el desprendido Ayuntamiento de Madrid, que regaló ciento treinta y dos mil euros en dos años a esa ONG.

En total el inefable Urdangarin y su socio recaudaron para la supuesta ONG más de seiscientos mil euros que fueron a parar a sus bolsillos, excepto un raquítico uno y medio por ciento que entregaron a fines sociales. Porque el objeto de la falsa ONG, además de para conseguir dinero fresco, era desviar más de medio millón  de euros a paraísos fiscales. 

Estafar a administraciones  públicas, que es lo mismo que estafar a la ciudadanía en su conjunto, resulta intolerable, pero utilizar a niños discapacitados para colectar dinero destinado a negocios ilegales supera los límites de lo nauseabundo y da la medida de la calaña del yerno real. Sobre el que cuesta trabajo aceptar que su regio suegro no se percatase de sus maniobras delictivas.

Es poco creíble que el rey, o cualquier honesto padre de familia en circunstancias similares, no se inquietase o sospechara del elevado tren de vida de su yerno, exdeportista de familia adinerada, aunque no millonaria, pero que se permitió la compra de un palacete de cinco millones de euros en los que gastó, además, otros tres en reformas y decoración, y construcción de instalaciones deportivas en la amplia parcela de más de dos mil metros cuadrados. 

El monarca ¿no se preguntó, ni preguntó a sus hijos, de dónde sacaban el dinero para llevar tan opulento nivel de vida? ¿O pensaba que su crasa forma de vida se lograba con los ingresos proporcionados por la Fundación Colegios del Mundo Unido, organización internacional de carácter altruista, en la que le enchufó el monarca después de que supuestamente abandonase las actividades en el Instituto Nóos para que realizase trabajos de consultoría generosamente remunerados?. 

Asegura el presunto estafador ducal que su principesca esposa no tuvo nada que ver con sus negocios, afirmación que, tal cual mantra, repite sin cesar. Debe ser desmemoria o cinismo el afán de distanciar a Doña Cristina de sus ardides, cuando hace unos años, y para justificar sus viajes en familia a países africanos, como perfecta tapadera a sus ilegalidades, y con la complicidad de su esposa, contaron que habían viajado al corazón de África para mostrar a sus hijos las duras condiciones de vida en ese continente, presentándose así ante la sociedad como personas de sensibilidad social y comprometidas con el tercer mundo. 

Aunque lo que realmente estaban haciendo era negocios con una inmobiliaria dedicada a la construcción de viviendas en el continente africano: Mixta África, propiedad de Kingdom Zepkyr, socia mayoritaria con el 29% de participación y sede en Nueva York y Kindom Holding Company, una compañía de Alwaleed BinTalal, príncipe saudí, tercero en la línea de sucesión de la absolutista monarquía de ese país, con la que mantiene una estrecha relación de amistad el rey Juan Carlos.  

En toda esta inmoral historia hay dos posibilidades que, sea la que fuese, dejan al rey en el habitual  mal lugar de los Borbones a lo largo de la historia. Porque si no se enteró de los ardides de su yerno, bien podría ser porque sus intereses se limiten a las cacerías de indefensos animales en países exóticos, la generosa ingesta de licores espirituosos y las poco apropiadas relaciones con la llamada ‘princesa’ Corinna. Y si estaba al tanto, y permitió que su hijo político se dedicase a la estafa descarada, sería cómplice de la misma. Y algo de eso parece que hubo en la decisión de enviarle a Washington para alejarle del escándalo, en lugar de denunciar lo que sabía que eran prácticas delictivas.  

De manera que, a la vista de cuantas inmoralidades nos narran cada día los medios, aún entre líneas y sin llamar a las cosas por su ajustado nombre, se puede deducir que vivimos en un país donde, desde la monarquía a los más modestos ediles, hay una notable cantidad de inmorales, por mucho que tengan a buen recaudo sus genitales. Que ni eso.

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