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Acciones preferentes: Un robo más del ultracapitalismo impune



Si los compradores de  acciones preferentes con las que los bancos estafaron a miles de incautos e inocentes ahorradores -la mayoría sin la más mínima idea de lo que les ofrecían, jubilados, ancianas despistadas, enfermos de alzhéimer o incluso personas ciegas-, hubiesen sido grandes inversores, dueños de grandes fortunas, tiburones de la especulación, es seguro que la solución dada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, hubiese sido otra. 

Resulta curioso ver cómo la prensa nacional reaccionó al mandato de la UE a Chipre que, para hacer efectivo el rescate, exigió que se confiscara parte del dinero de los depositarios con el objeto de garantizar el capital que exigía Bruselas. Las críticas fueron feroces, y no faltaba razón.

Todos los analistas argumentaron que la medida suponía un saqueo intolerable contra los ahorradores chipriotas. Y efectivamente, lo era, por esa causa, después de ordenar tal dislate, las autoridades de la UE dieron marcha atrás, todos negaron ser padres de la idea, y aún andan, en la tercera isla por tamaño del Mediterráneo, cavilando como solucionar el problema, con el fin de evitar entrar a saco en las cuentas de los ahorradores. 

Sin embargo, en este nuestro país, y tras la resolución del FROB, que va a suponer que miles de personas estafadas por unos bancarios obligados por sus jefes a vender un producto que no era sino un fraude, pierdan hasta el 61% de sus ahorros, nadie parece reaccionar. Hasta el momento no se alzan más voces que las de los propios afectados en contra de una decisión encaminada a consumar el dolo urdido por entidades, ahora nacionalizadas, en las que seguirá siendo el pueblo el pagano de todos sus latrocinios.

Se sorprenderán los políticos de que mañana, o el lunes, cuando vuelvan a abrir los bancos, se registren altercados a sus puertas, que los afectados por el timo de las preferentes ocupen sucursales donde unos profesionales sin conciencia engañaron a personas sin preparación alguna. Que indignados y puede que hasta violentos, le aticen algún sopapo a cualquier director de sucursal en la que, con falacias, endosaron acciones preferentes. Entonces es muy posible que la prensa cavernaria  los compare, como ya viene haciendo con los afectados por los desahucios, con nazis, etarras o miembros de la kale borroka.

Hay quien piensa que los afectados por las preferentes fueron víctimas de su avaricia y ello les ha costado sus ahorros. La afirmación podría ser cierta de no ser porque nadie explicó qué clase de operación ofrecían, ni las víctimas del fraude buscaban enriquecerse. Fueron los bancarios, los que, insistentemente, citaron a sus víctimas para engañarlas, ofreciendo una inversión que calificaron como un plazo fijo o que se trataba de una cuenta corriente poco corriente. Y a un gran número de personas mayores no les dieron más explicación que la de que era una inversión muy rentable que se le ofrecía  por ser antiguos clientes. 

Y la mayoría cayó en la trampa porque jugaron con la honestidad de las personas ancianas, de quienes aún creían que la palabra y el apretón de manos tenía el mismo valor que una firma ante notario. Otros afectados ni se plantearon que el director o el apoderado del banco en el que tenían cuenta desde hacia treinta o cuarenta años fuese a engañarles. Y sobre todo, ninguno tuvo ni repajolera idea de dónde estaban colocando su dinero.

Los bancarios y los banqueros, unidos en asociación de malhechores, no cumplieron con la obligación de informar fehacientemente qué estaban colocando. Incluso presentaron, ya firmado, el documento en el que los inversores declaraban estar informados del producto en el que invertían. 

Los compradores de las preferentes no fueron inversores avezados, ni siquiera personas con unos mínimos conocimientos sobre banca. Quienes los estafaron eligieron bien a sus víctimas: personas ancianas, sin formación alguna, incluso analfabetas o discapacitadas mentalmente. Todo valía para engrosar las cuentas de entidades como Bankia pero no solo, en las que aún, después de ser intervenidas, sus directivos siguieron cobrando indemnizaciones que pueden calificarse como atracos a las arcas públicas.

Lo inconcebible de todo este asunto es que ni la UE, ni la Justicia, ni el Gobierno, impidan que se consume el desfalco de las preferentes; muy al contrario, el FROB, organismo oficial dependiente del Banco de España, sacraliza el latrocinio, con la bendición de la UE, y sin que existan jueces que empiecen a mandar a la cárcel a todos cuanto han intervenido en el fraude. 

Lo acordado por el FROB, que hace que los estafados por las preferentes pierdan hasta el 61% de su dinero, timados por unos bancos malversadores, resulta tan sangrante  como si a una persona que sufre un atraco a mano armada se le condenara a penas de cárcel por haber sido víctima de tal delito.

Una vez más se produce en este país, integrado en la UE, el abuso impune del ultracapitalismo contra un pueblo del que lo que sorprende no es que acuda a abuchear a los políticos en actos públicos, que rodee instituciones, o que increpe a los banqueros; lo sorprendente es que aún tenga mesura y templanza ante tanto robo, tanta injusticia y tanta arbitrariedad. 

ADENDA

La vergüenza del caso de los ERES en Andalucía

En unos momentos en los que la confianza en los políticos por parte del pueblo está bajo mínimos, el asunto de los ERES de Andalucía supone un añadido vómico a la corrupción generalizada que se padece en este país. Cierto es que el comportamiento de la Junta de Andalucía, habiendo denunciado ante los juzgados, resulta diferente al modo en el que el PP aborda el caso de su financiación ilegal llámese Gürtel o Bárcenas. 

Aunque no exime esa denuncia ante los juzgados, ni la comisión de investigación de las Cortes andaluzas, la torpeza de los responsables del Gobierno andaluz por no haber ejercido mecanismos de control que evitasen un saqueo tan repugnante. 

La corrupción es siempre intolerable, aunque lo es más, si cabe, cuando los autores de los latrocinios son gentes de izquierdas, a las que hay que exigir un mayor respeto por el dinero público y de los parados. 

Que en este caso estén involucrados personajillos vinculados a UGT y CCOO supone un daño irreparable al movimiento sindical, sometido por la derecha a una criminalización interesada porque quiere a los trabajadores inermes e indefensos. 

La banda de saqueadores del caso de los ERES no son solo unos delincuentes. Son unos cabrones. 

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