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“Sí se puede” luchar contra los abusos de la banca y la corrupción




La toma en consideración por parte del Parlamento de la Iniciativa Popular sobre la regulación de las Hipotecas ha dado alas a la ciudadanía que, por fin, parece asumir, como exclaman cientos de miles de manifestantes, que ‘sí se puede’. Las calles de cien ciudades de este país se llenaron este sábado de gente clamando contra una situación intolerable que, además de causar la ruina de cientos de miles de personas, ha sido responsable de una veintena de muertes. El pueblo ha comprendido que unido contra los abusos puede conseguir que se paren. 

El triunfo de la Plataforma de Afectados por el Desahucio, va a ser, sin duda, el comienzo de una marea de ciudadanos indignados dispuestos a acabar con lo que está sucediendo en este país y que no se limita tan solo a los abusos de la banca. En una nación donde la sociedad está sana, pero la clase dirigente, desde la más alta de las instituciones, la monarquía, hasta cientos de alcaldes y concejales, pasando por los dirigentes políticos en el poder, está enferma de corrupción, se impone una reacción, pacífica mas contundente, que sanee la vida pública y devuelva la democracia a quienes tienen derecho a disfrutarla.

En una sociedad donde la información es imparable, pese a los esfuerzos de una clase dirigente obstinada en silenciar sus miserias, el conocimiento de la gangrena de corrupción que invade a la clase dirigente, ha de llevar a todos a exigir medidas de saneamiento inmediatas. Y es que las noticias que llegan a los medios muestran la foto fija de unas instituciones tan mancilladas por la corrupción que no tienen más remedio que someterse a una imprescindible cirugía que ampute cuanto está enfermo. 

Las declaraciones del socio del marido de la Infanta Cristina, Diego Torres, ha desvelado que ese chico alto y rubio que tanto viene trabajando por la III República, más que cualquier partido republicano, han sacado a la luz lo que hace mucho que se intuía: El propio Jefe del Estado está involucrado en los manejos de los negocios de su hija y yerno. Los protegió, alentó y quién sabe si se benefició de ellos, a través de su ya innegable amante, Corinna Sayn-Wittgenstein, a la que su real novio recomendó que colocase en alguna fundación al marido de su hija, según declaraciones de Torres. 

Al descubrir los ofrecimientos de la Casa Real para que se mantuviese calladito, y el papel que jugaron en el Instituto Nóos la hija del rey y el secretario de la misma -un individuo que cobra del erario, lo mismo que todos los miembros de la obsoleta Casa Real-, el ex socio de Urdangarín ha hecho explotar la ‘bomba atómica’, una institución obsoleta a la que, después de sus declaraciones, la ciudadanía mirará con más recelo aún. 

A la vez, un medio de ultraderecha –y habría que preguntarse qué persigue esa ideología reaccionaria- desvela que el Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi Brei, se benefició, como otros tantos dirigentes de su partido, de los regalitos de la trama corrupta Gürtel, en forma de viajes a Canarias, y, de ser auténticos los papeles de Bárcenas, de numerosos sobres con dinero negro, sustraído a las arcas públicas de forma ilícita. De manera, que sus proclamas de honestidad quedan como una más de las mentiras a las que tan aficionado es, y que él mismo asumió cuando dijo que es cierto que no hizo lo que ofreció en el Programa Electoral, aunque sí lo que debía. Asunto por el que la ciudadanía tiene derecho a exigirle cuentas, porque no se le votó para hacer lo que él cree que tenía que hacer, sino para cumplir el programa de Gobierno por el que fue elegido. 

Ante tanto desafuero la única salida que le queda a la ciudadanía, consciente ya de que la unión hace la fuerza, y que la fuerza de la razón puede más que las proclamas hueras de políticos falaces, parece llegado el momento de que exija muchas más cosas de las que persigue clamando contra una ley hipotecaria injusta o las medidas económicas del Gobierno, encaminadas todas ellas a favorecer a la banca especuladora, a la que ha rescatado con el dinero de todos, mientras deja en la absoluta miseria a millones de ciudadanos a los que no ha movido un dedo por rescatar. 

Esa exigencia, la de que el Gobierno rescate a los ciudadanos vapuleados por una crisis fabricada por los especuladores, ha estado presente en las multitudinarias manifestaciones que han recorrido centenares de ciudades de este país.  Hora es de que esa ciudadanía, consciente ya del poder que tienen las protestas ciudadanas, salga a la calle a reclamar que cese tanta corrupción y que los corruptos abandonen la vida pública. Sea el rey o sean alcaldes de pueblo. Porque, en el ámbito político hay multitud de gestores honestos, que pueden substituir a los corruptos. 

Y si se trata del rey, este país está ya más que maduro para elegir a un presidente de la República que lo represente dignamente, elegido por el pueblo y no designado por un dictador, al que se pueda echar al menor indicio de corruptela. 

Adenda
Memoria de un latrocinio bancario

Cuando hace cinco años llegaron a mí una serie de personas afectadas por una estafa que, entonces, tenía apariencia de tan solo asunto inmobiliario, no sabía que se trataba de una de los muchos timos que perpetraba una banca sin piedad, dispuesta a ganar dinero a costa de los más indefensos. 

Era la primavera de 2009, cuando una llamada telefónica de la redacción del periódico me puso en contacto con una familia de inmigrantes víctima de un sucio fraude. La protagonista de la estafa, que luego comprobé no era la única, había comprado un piso en una céntrica calle de Torrevieja, en un edifico llamado ‘La Ballena’. El día que realizaba la mudanza se enteró de que la finca estaba declarada en ruina y no podía entrar a vivir en la casa sobre la que había firmado una hipoteca de cientos de miles de euros. 

El tasador de la CAM había dado el visto bueno a una vivienda sobre la que hacía año y medio pesaba una orden de desalojo por estado ruinoso dictada por el Ayuntamiento y que figuraba en el Registro de la Propiedad. Los compradores, una familia procedente de Guatemala, habían confiado en la inmobiliaria que comercializó la casa y, ingenuamente, en la entidad bancaria, por lo que no comprobó personalmente en el Registro el estado de la vivienda. 

Al verse impedida de ocupar la vivienda recién comprada la familia tuvo que hacer frente a un alquiler y al pago de la hipoteca que la CAM se negaba a renegociar, alegando que ellos habían firmado la hipoteca sin comprobar el estado del edificio. 

Después de la entrevista con la mujer guatemalteca, otras víctimas de la misma estafa contactaron conmigo: una octogenaria española, un jubilado belga, y un matrimonio británico, estupefactos por una acción que en su país hubiese resultado imposible de llevar a cabo.  

Tras conocer los hechos intenté ponerme en contacto con los vendedores de las casas, la inmobiliaria que había comercializado los pisos en ruina y la CAM, para conocer por qué el tasador de la entidad había dado el visto bueno a la firma de la hipoteca de una vivienda en ruinas. Nadie de los involucrados en el timo quiso hablar. 

El asunto era escandaloso y el periódico sacó, durante varios días, noticias referentes al escándalo en portada. Hasta que tras la llamada a la redacción de alguno de los involucrados en la estafa, el redactor jefe decidió que el asunto no se trataba más y, que aquellas personas, todas ellas desconocedoras de la capacidad de manipulación y fraude impune que perpetran los bancos y las inmobiliarias, no tendrían la posibilidad de hacer público el latrocinio al que habían sido sometidas. 

Unos meses después, víctima de una maniobra perpetrada por quienes no sufren a periodistas incómodos dados a contar verdades, dejé el periódico. A pesar de ello, seguí la evolución de los hechos: la CAM siguió exigiendo a los hipotecados el pago del compromiso. En ese caso no insistió en el embargo de la vivienda en ruina, sino en el cobro del dinero con las habituales maniobras de amenazas, coacciones y presiones. 

Los afectados, pese a contar con el asesoramiento de abogados, nunca consiguieron recuperar el dinero estafado, ni deshacerse de una propiedad inservible que, entre vendedores sin ética, una inmobiliaria sin decencia y una entidad bancaria de avaricia sin límite, perpetraron un latrocinio en toda regla que, como otras tantas operaciones, quedó impune, y con las víctimas condenadas a la exclusión social a través de unas normas bancarias que, además de arruinar el presente de quienes sufren tales maniobras, arruinan el futuro de la gente, impidiéndola, a través de las listas de morosos, que puedan comprar, enajenar o llevar a cabo operaciones crediticias, contratos con compañías de teléfonos o cualquier otra operación que exija la ‘limpieza de sangre’ que otorga una banca arbitraria y especuladora.

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