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Receta contra la corrupción: Ni un euro privado para los partidos



Durante unos meses era imposible hablar de otra cosa que no fuese la prima de riesgo –cousine de risque la nombró la periodista Maruja Torres no se sabe si por patinazo lingüístico o por broma-. La dichosa prima de riesgo tenía obsesionada a la sociedad, ante el temor de que, si se disparaba, atraería a este país a unos señores vestidos de negro que iban a obligar a apretarse los cinturones más aún de lo que obligaba, y sigue obligando, el PP. Mas la obsesión por la prima de riesgo se ha volatilizado súbitamente, y no porque cuando sube unos cuantos puntos no cree alarma en inversores y políticos en el poder, sino porque la obsesión por ella se ha substituido por la negra sombra de una corrupción generalizada que tiene a la sociedad sumida en el desánimo, el escepticismo o la indignación, por el proceder de una clase política que no es que no esté actuando como las condiciones económicas exigen, sino que, a pesar de la crisis, sigue protagonizando episodios que, de tener nervio este pueblo, le habría llevado a asaltar los centros de poder para exigir la devolución de todo el dinero público hurtado a la ciudadanía.

Desde que estalló lo que se ha dado en llamar el ‘escándalo Bárcenas’ –que no es sino el escándalo de financiación del PP que, de medir el asunto en términos económicos y no éticos, dejaría el tan nombrado por la prensa de la derecha ‘caso Filesa’ de financiación ilegal del PSOE, en mera calderilla-, todo el mundo parece tener la receta que evite la lacra de la corrupción, de la que está detrás, casi siempre, la financiación ilegal de los partidos políticos. 

Como el problema resulta tan sangrante en una época de crisis –tristemente cuando el dinero fluía alegremente a nadie parecía importarle la inmoralidad de los políticos- todo el mundo se devana los sesos pensando qué se puede hacer para evitar esa lacra, y siempre piensan en medidas de vigilancia y sanción, porque, por desgracia,  pensar en la erradicación del problema por la vía ética parece que a nadie se le ocurre. Debe ser que lo descartan por imposibilidad manifiesta. 

Muchas son las recetas que se han oído en los últimos días para desarraigar ese problema. Una de ellas es la que señaló el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba que, ¡por fin!,  tuvo a bien dar una alternativa a un problema, y lo hizo esta vez con contundencia. Rubalcaba considera que lo que hay que hacer para evitar los sobornos, el compadreo con empresarios y los dineros negros, lo radicalmente necesario es prohibir por ley las donaciones de empresarios a partidos políticos. 

La propuesta del líder socialista ha caído en saco roto porque parece que a los dirigentes de las formaciones de derecha, que son los que más se benefician de esas donaciones, no les gusta nada la posibilidad de que les corten esa generosa vía de financiación. Y tampoco ha gustado entre quienes rechazan la idea de que los partidos políticos sean sufragados exclusivamente con dinero público. 

Yerran quienes rehúsan esa posibilidad, porque sería la manera de mantenerlos sometidos al bien público, incontaminados de presiones o chantajes. Si tan solo recibieran dinero público para su funcionamiento y sus campañas se acabarían de raíz las componendas ¿Qué interés iban a tener en hacerle favores a empresas o entidades bancarias en el caso de tener prohibido recibir un céntimo de ellas? 

Quienes consideran que mantener a los partidos políticos con dinero público es un derroche no caen en que resulta muchísimo más costoso para la democracia que puedan ser financiados por empresas o donantes privados que siempre exigirán algo a cambio. Financiados con ecuanimidad democrática por el erario público nada tendrían que agradecer y de ese modo no legislarían a favor de intereses fraudulentos  o grupos privados. 

¿Qué interés iba a tener, por ejemplo, el PP, en rechazar el debate de la iniciativa popular sobre los desahucios, si no estuviese preso de las injerencias del sector bancario que, de ninguna manera, está dispuesto, no ya a que se cambie la ley hipotecaria, sino que se debata sobre ella? 

Sometidas al escrutinio ciudadano y a los inspectores públicos las cuentas de los partidos políticos se garantizaría que no pudiesen urdir tramas para financiarse, aunque desde luego no que políticos aislados y en beneficio propio, metieran la pata y la mano en bolsa ajena. Pero en ese caso, y contando con la repulsa de sus propios partidos –que por ley tendrían que estar obligados a expulsar ipso facto a cualquier cargo público al que rozase la sospecha de corrupción-, sería mucho más fácil proceder judicialmente contra ellos. 

Para eso tendría que desaparecer de una vez el anacrónico aforamiento de los cargos públicos que, a los ingenuos padres de la patria que redactaron la Constitución, se les ocurrió introducir en la ley pensando que así se garantizarían cierta inmunidad si cambiaba el régimen, sin darse cuenta, los muy estúpidos, de que, si se hubiese producido el temido cambio de régimen de aquellos años, y se hubiese alzado un militarote, les iba a servir el aforamiento para mucho.

Lo ideal, en el mejor de los mundos, sería que los políticos, los panaderos, los periodistas o los mozos de cuerda, los integrantes de todas las profesiones y oficios, no estuviesen nunca tentados a cometer latrocinios, porque su ética y moral se lo impidiese. Mas tristemente este es el país de los pícaros. O tal vez no lo sea más que otros,  pero se nota más porque a la tendencia a disponer de lo ajeno se sume la zafiedad de quien lleva a cabo tan reprobables actos. 

El problema de la corrupción, que tantas ampollas levanta con la crisis, no es, sin embargo, privativo de los políticos. Hoy se ha sabido que el vicepresidente la CEOE y presidente de la CEIM, Arturo Fernández, paga a sus asalariados en negro, a la vez que debe abultadas cifras a la Seguridad Social. Las ilegalidades de este representante de los patronos españoles pone de manifiesto la catadura moral de un empresariado que, como demostró con unas declaraciones infumables el presidente de la CEOE, Juan Rossell, sólo piensan en sacar el mayor beneficio explotando a los trabajadores o estafando a la SS. Aliados del poder, y sin un ápice de vergüenza, son la pareja perfecta de unos políticos obsesionados en enriquecerse a los que suelen colmar de regalos. 

No anda desencaminado Rubalcaba al proponer la ilegalización de los donativos a los partidos políticos. ¡Cuántas estrechas amistades iban a deshacerse! Y qué limpito se quedaría el horizonte.    

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