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Los criminales recortes sanitarios de la Ministra Mato



Sin duda es hacer un chiste fácil decir que nadie hace tanto honor a su apellido como la señora ministra de Sanidad, Ana Mato porque, con su gestión, está matando a quienes precisan de atención sanitaria. Mas como se vienen desarrollando esas cuestiones en este triste país, el chascarrillo toma caracteres de drama y, atendiendo al Código Penal, bien podría procesársela por homicidio más o menos voluntario, dado que, por muy orgullosa que se muestre de su gestión, esta  dando lugar a que se produzcan fallecimientos a causa de unos recortes de los que hoy mismo, en la Comisión de Sanidad del Congreso, se ha mostrado la mar de ufana, al proclamar que ha conseguido que el Sistema Nacional de Salud haya ahorrado 3.063 millones de euros, completando con orgullo el balance de su gestión con el anuncio de que en el pasado mes de enero el gasto farmacéutico se redujo en ciento dieciocho millones de euros. 

Jactarse de ese ahorro cuando ya ha costado, al menos una vida, muestra la calaña de esa individua de dudosa moralidad, si se atiende a sus presuntas relaciones con la trama Gürtel, que aún no han quedado claras, y que, por mucho que el PP diga que no tiene relación con el asunto, lo único que hubo fue un sobreseimiento por cuestión de plazos y no la exoneración del delito. 

El ahorro del que tan satisfecha se muestra una ministra que viene dando muestras de una absoluta insensibilidad, ha causado al menos una muerte contrastada por falta de atención sanitaria. La protagonista del infausto suceso fue una inmigrante boliviana, Soledad Torrico, de cuarenta y cuatro años, que falleció a causa de una dolencia respiratoria en la ciudad de València, después de que su enfermedad respiratoria se complicase por no recibir la atención médica necesaria.  

Torrico no tuvo ni el inicial reconocimiento médico, ni el seguimiento adecuado ante el agravamiento de la dolencia, que cursaba con una altísima fiebre. En esas condiciones también se le negó una ambulancia para trasladarla a urgencias, y el  acceso a una cama hospitalaria. Como otros miles de inmigrantes, Soledad Torrico fue excluida del Sistema Valenciano de Salud, por decisión del ministerio que dirige Ana Mato, y que la Conselleria de Sanidad Valenciana se apresuró a cumplir desde el primer momento que se aprobó la inicua normativa. 

Y aunque en un primer momento el Ministerio, a cuyo frente está la señora Mato, anunció que los inmigrantes tendrían acceso a las urgencias, resultó, como tantos anuncios del PP, una verdad a medias, porque si acuden a ellas se les obliga a pagar elevadas facturas. También se dijo que la atención a los niños y a las parturientas estaría exenta de pago, sin embargo, en la mencionada Comisión de Sanidad del Congreso, el diputado Gaspar Llamazares mostró una factura de más de tres mil euros que se le presentó a una mujer que acudió a una maternidad de la Sanidad Pública. 

Mas el caso de Soledad Torrico no es el único, también los españolitos ven en riesgo su salud, y pierden la vida por falta de atención sanitaria, como denuncia la Oficina del Defensor del Pueblo que investiga el fallecimiento de un hombre trasladado de Andalucía a Catalunya a un hospital de referencia, y al que, tras negarle la atención requerida, falleció a causa de la cancelación de la cirugía que necesitaba urgentemente.  

 Esas dos muertes, recogidas por la prensa, segura y desgraciadamente no serán las únicas porque, a la falta de atención de una sanidad colapsada por los recortes y, en muchos casos privatizada para que los amigos del PP ganen elevadas sumas de dinero, habrá que sumarlas aquellas que se produzcan por la imposibilidad de medicarse de cientos de miles de jubilados o personas en paro, obligadas a abonar cuantiosas cantidades por los medicamentos que necesitan para sobrevivir y que no pueden adquirir. Hoy mismo La Sexta denunciaba el caso de una mujer en paro que no puede costear los quinientos euros de la medicación que requiere su hija epiléptica, una niña de nueve años. 

Es frecuente oír a ancianos que renuncian a medicarse porque con su escasa pensión han de mantener a sus hijos y nietos. Porque, como decía ante las cámaras de una televisión una septuagenaria, se veía obligada a renunciar a la compra de sus medicamentos ya que ‘con ocho euros que me cuesta la medicina puedo comprar dos pollos para dar de comer a mi familia’. 

De esos dramas es responsable el Gobierno de Raxoi y su ministra de Sanidad, Ana Mato. Podrán decir que los recortes se los impone la UE, o que de ese modo han logrado recortar el déficit por debajo del 7%, como ha hecho hoy mismo el Presidente del Gobierno –mintiendo una vez más, porque a ese siete por ciento hay que sumarle el dinero del rescate de la banca que obliga a pagar a los ciudadanos- pero la realidad es que son responsables de un genocidio calculado, pensado para hacer pagar a los más débiles las consecuencias de una crisis de las que ninguna responsabilidad tuvieron ni los inmigrantes, ni los jubilados, ni los parados sino sus amigos de la banca, los especuladores del ladrillo, y los corruptos que robaron a las arcas públicas el dinero necesario para atender las necesidades de la gente. 

Si hubiese jueces valientes y fiscales decentes, no tardarían en procesar a estos políticos infames y presuntamente ladrones que han estado asaltando las arcas públicas, concediendo contratos a empresas que les regalaban dinero para poder financiarse campañas electorales en superioridad de condiciones. 

Procesarlos no solo por las muchas sinvergonzonerías económicas que llevan años perpetrando, sino, sobre todo, por un genocidio calculado que, con los recortes de sanidad pública ya han causado dos muertes, que se sepa, y darán lugar a muchos más fallecimientos, por falta de atención médica o por la carencia de específicos que palian numerosas enfermedades. Y del sufrimiento de muchos enfermos que, por no poder costearse la medicación necesaria, pierden calidad de vida, y hasta su dignidad.

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