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Hipotecados e inquilinos: Vendidos al desahucio



Dice la Constitución de 1978, en su artículo 47, que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Darían ganas de reír si tras el incumplimiento de esa norma constitucional no hubiese tanto drama. 

Por otra parte, el artículo 15 de la ley de leyes precisa que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y si no es inhumano y degradante expulsar a las personas de sus viviendas, dejándolas en muchas ocasiones con el único amparo del cielo raso, tendría que explicarlo algún avezado jurista, especializado en Derecho Constitucional, para que se pudiese entender por qué se viola tan flagrantemente la Ley de Leyes cuando, y esto lo sabe cualquier aprendiz de leguleyo, una norma de rango inferior no puede ir en contra de otra de mayor jerarquía. 

Mas, ninguno de esos defensores a ultranza de la Constitución de 1978 para lo que les conviene, invocó nunca la superioridad del articulado constitucional frente a la Ley Hipotecaria y las de arrendamientos que contravienen descaradamente esos artículos de la Carta Magna, ni denunciara el incumplimiento de la ley de leyes. 

La elusión de la Constitución se está viendo en el caso de Aurelia Rey, una octogenaria gallega, a la que la norma que valida el desahucio exprés la somete al drama de quedarse sin la casa en la que lleva cuarenta años viviendo, por haberse demorado en el pago del alquiler tan solo un mes. Más sobre todo, porque la ley de arrendamientos, modificada por el Gobierno Raxoi para, dijeron, fomentar el alquiler de viviendas, permite a los arrendadores cualquier abuso.  

Aurelia Rey va a ser expulsada de la casa en la que mora desde finales de los años setenta porque paga poco alquiler, y los propietarios de la vivienda se han agarrado a un clavo ardiendo y a la inicua Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler -pensada, única y exclusivamente, como todo lo legislado por el PP, para beneficiar a los poderosos-, que deja vendidos a los arrendatarios a los caprichos de los propietarios, con el pretexto de que de ese modo protegen los intereses de particulares que no tienen otros ingresos que el del alquiler de su segunda vivienda. Aunque lo cierto es que la mayoría del mercado de alquiler pertenece a bancos e inmobiliarias. 

A la hora de solucionar el problema de Aurelia los servicios sociales de La Coruña no solo no dieron solución satisfactoria alguna, sino, muy al contrario, se les podría acusar de incumplir el artículo 15 de la Constitución, porque, lejos de buscar una salida digna, pretendieron someterla a un trato degradante para ella, cuando quisieron que, al ser expulsada de su vivienda, renunciase a su libertad para irse a vivir a una residencia de ancianos. Solución que Aurelia Rey rechaza porque se siente con energías y dignidad más que suficientes para vivir sola en su casa, sin tener que estar supeditada a normas, horarios y convivencias que no le agradan. 

El de Aurelia no es el único caso en el que los Servicios Sociales de cualquier ciudad, sin respetar la dignidad de las personas y su derecho constitucional a una vivienda digna, ofrecen como única salida ante la amenaza del desahucio, ya lo lleve a cabo una entidad bancaria o un arrendador particular.

Hace unos años, en la ciudad de Torrevieja fue la salida que las trabajadoras sociales encontraron ‘lógica’ para una mujer de tan solo cincuenta y dos años a la que un estafador vendedor de casas le robó el dinero que ella había de abonar a la inmobiliaria que reclamaba el pago de la vivienda que ella creía pagada. Con una muy reducida pensión de viudedad, la víctima de la estafa recurrió a los Servicios Sociales al encontrarse sin casa y sin dinero. No ofrecieron ni asesoramiento legal ni más opción que la de enterrarse en una residencia. Obstinada, vivió una temporada en la calle, hasta que unos familiares se la llevaron a otra ciudad.  

De modo que el caso de Aurelia Rey, a la que la iniquidad de unos caseros y la Ley de Medidas para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler ponen en la calle,  no es el único caso al que los Servicios Sociales no dan más salida que la de renunciar a su independencia, aplicando unos métodos comunes a quienes, aún con la obligación de cumplir la Constitución, la ignoran. 

El desahucio de Aurelia Rey, frenado por Stop Desahucios, pese a la violenta acción policial –que el Delegado del Gobierno gallego considera ‘proporcionada’ pese a las brutales agresiones a los ciudadanos- es un ejemplo de la indefensión en la que viven los inquilinos de viviendas, a los que, desde la modificación legal del PP, se les puede desahuciar en menos de diez días tras la orden judicial; el casero puede subir el alquiler por encima de IPC, y rescindir el contrato sin más obligación que avisar con dos meses de antelación, sin explicación ni razones.

Como otras tantas víctimas de los bancos o los arrendadores, Aurelia Rey tiene el calor de sus vecinos, de quienes luchan contra los desahucios, y en esta ocasión, hasta de los bomberos. Al menos uno, el héroe que, en lugar de cumplir la orden de romper la cadena que Stop Desahucios había puesto para impedir el paso al Oficial de los Juzgados, no solo se negó a ello, sino que levantó uno de los carteles de esa asociación para justificar su rebeldía. 

Es una pena que las llamadas ‘fuerzas de seguridad’, que pagan los ciudadanos, actúen de forma diametralmente opuesta y ataquen a una ciudadanía que lucha por sus derechos, sin pretender otra cosa más que se cumpla la Constitución por encima de leyes de menor rango. 

Y lo es más aún que la legislación ampare medidas sancionadas por un capitalismo salvaje que, sin pararse, no solo a contemplar dramas humanos, sino la propia Constitución, incumpla con toda desfachatez la norma que rige la convivencia en todo un país.

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