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Estampa apresurada de un país deprimido




Bárcenas, Gürtel, Brugal, Emarsa, el piso del Presidente de la Comunidad de Madrid, los regalos de Ana Mato, el caso Urdangarín, los desahucios abusivos de los bancos, los sueldos de los directivos de las Cajas de Ahorro que rescatadas con dinero público en beneficio de unos pocos, la impuesta inoperancia del Parlamento al que la mayoría absoluta del PP ha dejado sin voz, la represión brutal de algunas manifestaciones, los abusos policiales, la reforma fascista del Código Penal, la educativa de Wert, destinada a acabar con la Escuela Pública y laica, un poder judicial de sospechosas conductas en ocasiones, los salarios miserables, empresarios con alma de señores feudales, los insoportables índices de paro, la crisis. 

Los medios de comunicación aportan cada día nuevos detalles de un estado de corrupción por parte de unos, y de indignación por parte de los más que proporcionan la foto fija de un país desmoralizado y desnortado, en el que la confianza en las instituciones comienza a ser prácticamente nula. La sociedad necesita, tanto como puestos de trabajo con salarios dignos, un rearme moral, la regeneración de una democracia que nació deficiente al no romper con la dictadura que ahogó, durante más de cuarenta años, el progreso y la libertad de este país. 

Al no haber roto con los hábitos de la dictadura, de la que una de sus características era la impunidad de la clase política, algunos dirigentes, sobre todo y precisamente aquellos que, de alguna manera, son los sucesores del régimen franquista, han seguido comportamientos de impunidad similares a los que presidieron la vida política de aquel nefasto régimen. No es la democracia la causante de la corrupción. El origen de esa lacra está en quienes, imbuidos del criterio de que quienes se dedican a la política pertenecen a una casta superior, pueden obrar impunemente. 

Se ve en el presente, cuando el partido de Gobierno, del PP, está en solfa por acciones más que reprobables y que, a tenor de los que se va descubriendo, no es un caso aislado, sino un modo de obrar sistémico, que ha venido desarrollando desde los años noventa y con total impunidad porque, cuando se pudo cortar de raíz esas prácticas delictivas, descubiertas en el caso Naseiro, hubo jueces complacientes dispuestos a dar carpetazo a la financiación ilegal de un partido que, no ha cesado de llevar a cabo prácticas corruptas con total impunidad, como nos cuentan los medios y de esperar que castiguen los jueces.

De cuanto se va desvelando, se deduce que apenas hay gente en ese partido que pueda proclamarse libre de cualquier irregularidad. Porque aunque la señora Aguirre, presidenta del PP madrileño y expresidenta de la Comunidad de la autonomía uniprovincial de la capital del Estado, pretenda ahora presentarse como la alternativa de regeneración en su partido, tiene en su historial tanta mácula como el resto. Los medios y la política, tienden a ser desmemoriados, a olvidar asuntos que, cuando pasen cien años y los estudiosos de la historia buceen en estos años, considerarán parte de un mismo tempo.

No hay que olvidar que Doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, estuvo detrás de aquella siniestra operación -nunca investigada por mor de la defensa de su jefe de filas, José María Aznar, que destituyó al Fiscal Anticorrupción para que no investigara- el llamado ‘tamayazo’, que le permitió escalar a la presidencia de la Comunidad de Madrid en detrimento del socialista Rafael Simancas. No está doña Esperanza libre de sospechas, por mucho que alardee de haber expulsado de su partido a los implicados en la trama Gürtel. Aunque no a todos, porque el que hoy es su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid,  Ignacio González, fue investigado por la policía –hasta que ‘su’ Ministro del Interior destituyó a quienes lo hacían- por si el supuesto alquiler de un lujoso ático en Marbella, procedía de una comisión por un pelotazo urbanístico en Arganda del Rey, en el que estuvo implicado Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. 

No hay que olvidar tampoco que la señora Aguirre, protectora del empresario ladrón Gerardo Díaz Ferrán, recibió de este la jugosa cantidad de doscientos cuarenta y seis mil euros para una fundación fantasma del PP madrileño, presidido por Aguirre, con la que se pagó de forma poco regular la campaña electoral de 2003, cuando se produjo el llamado ‘tamayazo’. La obscura fundación, con sede en Génova 13, no presentó nunca sus cuentas de forma transparente, y cuando un periodista inquirió a la portavoz de Francisco Granados, entonces Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, y secretario general del PP, respondió que esa fundación se financiaba “con las subvenciones de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid".

Resulta significativo, a tiempo pasado que, al negar que Fundescan recibiese dinero de significados empresarios –entre ellos el delincuente Díaz Ferrán, que robó no solo al erario y a sus clientes, sino también a sus trabajadores, millones de euros-revelase a dónde iba a parar parte del dinero de una de las Cajas integradas en ese agujero negro, pozo sin fondo de la economía española, cuyas maltrechas cuentas de resultados obligaron a pedir un rescate que está costando a los ciudadanos de este desmoralizado y abrumado país muchos millones de euros, muchos recortes y muchos sacrificios. Y es que en la corrupción, la financiación ilegal y todo cuanto de escandaloso respecto a las finanzas del PP y de sus dirigentes se va sabiendo, está el origen del sufrimiento de los ciudadanos, a los que se viene arrebatando derechos desde que el PP llegó al poder. 

En el País Valencià –término que los dictatoriales dirigentes de ese partido en la región mencionada han prohibido que se utilice- la corrupción generalizada en todos los ámbitos de gobierno, controlados por el PPCV, ha costado en los últimos tres años a los ciudadanos nada menos que mil ciento ochenta millones de euros. Súmese a ello todo lo robado desde hace mucho tiempo, y se entenderán las razones por las que las arcas públicas valencianas están en estado de caquexia, los servicios públicos arrasados, y la moral de los valencianos honrados por los suelos. Porque a las fétidas relaciones con la trama Gürtel hay que sumar casos como el de la Depuradora Emarsa, que sufrió un saqueo sistemático, el de las contratas de basuras en la provincia de Alicante, conocido como caso Brugal, y en el que están implicados desde empresarios y alcaldes al expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o el protagonizado por el exconseller Rafael Blasco que, usando los fondos de la Consellería de Solidaritat i Ciutadania, presuntamente, agració a amigos y familiares con el dinero destinado a ayudar a Haití tras el terremoto, y a otros países subdesarrollados, para que adquiriesen pisos y garajes en la capital del Turia. 

A ese panorama de latrocinios generalizados, del que el caso Bárcenas es el más reciente y paradigmático, hay que sumar una situación de permanentes injusticias y desafueros, de recortes de libertades y abusos de poder.  El crimen de los desahucios, como los calificó ayer la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau,  es una de las injusticias que sufre una ciudadanía inerme ante el poder de una banca voraz y ladrona, a la que los dos grandes partidos no están dispuestos a poner freno. Las palabras de Colau se pronunciaron en el transcurso de una comisión de Economía del Congreso, en la que estuvo, como invitado el representante de la banca, pero no así jueces muy críticos con los desahucios, como Manuel Almenar, miembro del Consejo General del Poder Judicial, y autor de un informe demoledor contra el sistema, o José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española sobre ese drama. Los dos grandes partidos, prisioneros de la banca, se negaron a aceptar los términos propuestos en la iniciativa legislativa popular, firmada por millones de personas. 

Mas los desahucios no son las únicas injusticias que viene sufriendo un pueblo desconcertado ante tanto latrocinio y tanto desafuero. Porque mientras los más sufren una subida de impuestos como la del IVA, que ha sido el mayor aumento impositivo registrado en todo el mundo en 2012, el Gobierno del PP promulgó una amnistía fiscal que parece diseñada para que todos cuantos empresarios truhanes beneficiaron a ese partido con sus donativos pudieran regularizar sus finanzas con la Hacienda Pública, lavando su dinero, sin apenas pagar impuestos. 

Una reforma laboral que ha dejado a los trabajadores indefensos ante los abusos de una patronal con inclinaciones feudales, una reforma del Código Penal propia de una dictadura, el comportamiento represor y agresivo de unas fuerzas de seguridad que, amparadas por el Ejecutivo cometen toda clase abusos y una ley de Educación que mantiene en pie de guerra a estudiantes, profesores y padres de alumnos, porque está enfocada a desmantelar la Educación Pública, condenando a la mayoría de los jóvenes a una enseñanza deficiente, o cara si se trata de la que el Gobierno subvenciona para sus cachorros, clase privilegiada a la que educar en el seno de la secta católica, son otros asuntos que, junto con la corrupción, dan la imagen de un país sumergido en la desesperación, el desánimo y la impotencia. 

Y mientras algunos grupos se enfrentan a un clima escandaloso y desmoralizador con verdadero valor y ahínco, una mayoría pasiva, ajena a unos problemas que les afectan igualmente, contemplan con resignación un estado de cosas que no se entiende que no haga que el pueblo entero se levante contra quienes están emponzoñando no solo la economía y el bienestar del país, sino la convivencia y el futuro.

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