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La omertá y las cajas de Bárcenas


Omertá es la palabra que define la ley del silencio, el código de honor de la mafia siciliana que prohibe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben tan solo a las personas implicadas y sobre los que, en ningún caso, debe darse cuenta a las autoridades. El origen de la palabra 'omertá' resulta un tanto incierto, porque si bien el Diccionario Oxford de inglés atribuye su origen a la española 'hombredad' -masculinidad-, que fue posteriormente modificada en la palabra siciliana'omu' -hombre-, otras fuentes atribuyen su origen a una palabra latina, humilitas -humildad-, que se convirtió en umirtà y finalmente omertà en algunos dialectos del sur de Italia. Como fuere, por omertá se conoce el código de silencio de la mafia, y por extensión cualquier código de silencio que intente ocultar comportamientos delictivos. De esa manera se podría decir que el PP intenta imponer la omertá o ley del silencio en todo cuanto rodea al turbio asunto de los dineros de ese partido, que ha dado en llamarse 'caso Bárcenas', pero que, sin duda, va más allá de los delitos que haya podido cometer el extesorero.

¿Cómo sino de omertá puede calificarse la orden de silencio respecto al asunto de Bárcenas que ha dado el Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Raxoi Brei?, la imposición de silencio tanto vale, según Raxoi, para sus correligionarios como para la prensa, a la que indicó la conveniencia de guardar silencio con el argumento de que informar del asunto envenena la vida política del país. Cuando lo que, en todo caso, emponzoña, y merecidamente, es la imagen que del partido del gobierno tiene cada vez un mayor número de ciudadanos.

Quiere el líder del PP que se guarde silencio sobre un asunto tan fétido y sospechoso como la corrupción en su partido justificándolo con la investigación interna que se lleva a cabo en el seno del PP. Una indagación íntima, de puertas para dentro, que todo el mundo sabe no servirá de nada porque claro está que el resultado de tal pesquisa será que nunca hubo nada y que el PP es puro y virgen como una vestal. Si el PP quisiera, de verdad, que se clarificasen las cosas y se supiese todo lo que ha ocurrido en los entresijos contables de esa formación, en lugar de poner todas las trabas posibles a que investigue la justicia, habría abierto sus puertas a los inspectores de Hacienda que se ofrecieron para llevar a cabo una auditoría en toda regla, yendo más allá de estudiar nóminas y gastos contables en blanco.

Se jactaba en pasados días Carlos Floriano, vicesecretario general y electoral del PP, de que su partido ni ha tolerado ni tolera la corrupción, para, en un alarde de cinismo, recordar que “hay partidos que han sido condenados por financiación ilegal, y hay partidos, como el nuestro, que nunca han sido condenados por financiación ilegal". Callándose que fueron dirigentes de esa formación los que abortaron la investigación del caso Naseiro -tesorero también del PP-, un asunto de clara financiación ilegal del PP, abortado gracias a la inestimable ayuda de los jueces del Supremo que consideraron que las escuchas dictadas por el juez Manglano eran ilegales. Manglano fue desprestigiado dentro de la judicatura, con el mismo estilo, aunque sin tan graves consecuencias, como el juez Garzón. Si el PP no fue condenado por financiación ilegal no se vio en ese trance no porque fuese inocente, sino porque maniobró y contó con la colaboración de una judicatura ultraconservadora y franquista -la misma que ha expulsado a Garzón de la Audiencia Nacional- para sortear a la justicia y que sus delitos quedasen impunes.

Decía el escritor estadounidense Mario Puzzo, autor de la trilogía El Padrino, cuya última obra se titula, precisamente, Omertá, que estaba decepcionado de cómo se administraba la justicia en EEUU donde, según él, la ley protege más a los criminales con dinero que a la gente común. La impresión del escritor fallecido en 1999 es la misma que en la actualidad tiene en este país la mayoría de los ciudadanos. Porque ante el escándalo que suponen las revelaciones del caso Bárcenas, que no es sino la extensión del fétido sumario Gürtel, la mayoría considera que de todo lo que se va averiguando queda la certeza de que, efectivamente, hubo financiación ilegal, uso ilícito de dinero público, sobornos, saqueo del erario, delitos electorales y todo un rosario de actos delictivos que al final quedarán en nada por obra y gracia de las presiones que ese partido ejerce sobre los jueces que osan investigar sus asuntos.

Y debe ser cierta esa impresión que se palpa en los comentarios de la gente de la calle, que muestra su convencimiento de que nada pasará porque los jueces no se atreven con ellos, teniendo en cuenta que su poder, heredado de la dictadura, les permite mangonear entre los togados con el fin de que nunca puedan clarificarse sus presuntos delitos.

Algo de eso debe haber por cuanto, a pesar de que se sabe que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, guarda en su casa tres cajas con documentación en las que hay suficiente para poner al descubierto todo el asunto de la financiación ilegal, el cobro de sobresueldos en negro, que nunca declaraban los dirigentes del PP -los mismos que culpan a los trabajadores del estado de caquexia de las arcas públicas por no declarar el IVA de cuatro chapuzas- y cuantas trampas e ilegalidades vienen cometiendo a lo largo de toda la historia de ese partido, el juez no ha ordenado el registro de la vivienda del extesorero y la confiscación de las dichosas cajas, que son la de Pandora para una formación que, en la actualidad, está en la diana de todas las sospechas.

Se podrá creer que este país goza de un sistema democrático en el que se respetan la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa en el caso de que la maquina judicial utilice todos los mecanismos que confiere la ley para investigar las finanzas del PP, en tanto que no pongan desde ese partido mordazas a los informadores, como vienen haciendo desde que estalló el escándalo. En caso contrario, si vuelven a aparecer los defectos de forma, como en el caso Naseiro, las descalificaciones al juez que investiga, y la omertá sobre todo cuanto rodea al bochorno de las finanzas del PP, no quedará duda de que vivimos bajo un régimen que tiene más similitudes con una dictadura o una república bananera que con un país serio.

No ayuda a que no exista esa impresión la tozudez del Ejecutivo en evitar que las finanzas de los partidos políticos estén bajo el control de la Ley de Transparencia. Porque la resistencia a que se puedan conocer las cuentas internas de las formaciones políticas provocan más que recelos. Si no tuviesen nada que ocultar no tendría que existir oposición alguna a que todo el mundo pudiese conocer sus cuentas. Y es que como dice el viejo aserto 'no la hagas y no la temas'. Y mucho debe haber hecho el PP cuando tanto teme que se investigue de verdad.  

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