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Corrupción: cuando querer saber sale caro


Colocada en el ranking de países poco transparentes, a la altura de Boswana, España, con un Gobierno que se ampara en mil pretextos para no dar cuenta de en qué qué gasta el dinero público, es protagonista de casos tan peregrinos como el que ha sufrido la ONG Access Info Europe, condenada por el Tribunal Supremo a pagar tres mil euros en costas judiciales tras cometer la osadía de preguntar al Ejecutivo qué hace España para luchar contra la corrupción. Esa ONG trabaja y vela por el cumplimiento de las leyes de transparencia europeas, a la vez que promueve el derecho de acceso a la información a nivel mundial, con el fin de que sea reconocido como derecho fundamental.

La pesadilla comenzó para la citada organización en junio de 2007, cuando un miembro de la junta directiva solicitó información al Ministerio de Justicia para conocer las medidas que tomaba el Gobierno de acuerdo a la Convención de la ONU contra la corrupción. La información se denegó y el caso pasó por diversos tribunales hasta agotar la vía legal en mayo de 2012. El Supremo alegó que detrás de la demanda de información sobre medidas anti-corrupción la ONG pretendía pedir explicaciones al Gobierno, una función a la que sólo tiene derecho el Parlamento, razón por la que rechazó la demanda y la obligó a pagar las costas del juicio.

Y es que la corrupción es un asunto del que no gusta que se hable a la clase política Sobre todo al PP, que siempre lleva a cabo la máxima napoleónica de que la mejor defensa es un buen ataque. Y que, ante los casos de corrupción, además de negarlos sistemáticamente, suele amenazar a quienes los hacen públicos. Utilizan la técnica del 'y tú más', o inventa falacias y se obceca en rebatir casos tan claros que producen vergüenza ajena, como los de financiación ilegal de esa formación que se extienden por varias comunidades autonómicas.

Aunque el PP no es el único inmerso en casos de corrupción, el PSOE también ha metido la pata y la zarpa en diversas ocasiones, como, entre otros, el de los ERES en Andalucía, o los protagonizados por un elevado número de alcaldes imputados en casos de prevaricación. Sin olvidar el aún no juzgado caso Campeón, en el que está presuntamente implicado el exministro José Blanco. Pero no solo los dos partidos mayoritarios se ven enfangados en prácticas corruptas que contribuyen al desprestigio de la clase política, casi todos los partidos tienen mucho qué callar a la hora de hablar de honestidad.

En los últimos días asaltan la actualidad cuestiones que causan escándalo entre los ciudadanos y que, sin ser ilegales resultan inmorales. Es lo que ha sucedido con el caso Güemes, ex Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, tras privatizar servicios sanitarios, entró a trabajar como consejero de la empresa beneficiaria de la privatización. Otro asunto que podría rozar la ilegalidad es el de un posible caso tráfico de influencias, surgido a raíz de la concesión de un indulto concedido por el Gobierno a instancias del Ministro del Interior a un conductor que causó la muerte de una persona cuando conducía en dirección contraria. El condenado, a trece años de prisión, se ha librado de la cárcel a cambio de una sanción pecuniaria. Lo escandaloso es que el bufete de abogados que defendió al causante del siniestro mortal es del hermano de un ex alto cargo de Interior y Justicia, y militante del PP, Ignacio Astarloa, y el mismo que da trabajo al hijo del ministro Gallardón. No se trata de malversación de caudales públicos, pero sí de actuaciones carentes de ética.

Aunque también existen casos de flagrante delito en los que el volumen de dinero del que disponen algunos implicados procede de manejos políticos, cuando no del propio erario. Como el de Luis Bárcenas, extesorero del PP, al que se han descubierto cuentas en Suiza por valor de más de veintidós millones de euros . Otro indecoroso asunto es, de ser cierta la información, la fuga de capitales protagonizada por la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que habría sacado del país cientos de miles de euros, cuando no millones. O la sospechosa compra por parte del Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de un ático marbellí que el interesado aseguraba haber alquilado y que súbitamente adquirió tras saber que la Agencia Tributaria lo estaba investigando. Se trata de otro escándalo que mueve a sospechas porque queda la duda de cómo el político madrileño reunión -con tan solo su sueldo de Consejero primero y Presidente de la Comunidad después-, la millonaria cifra destinada a adquirir el lujoso ático. Lo que hace sospechar que la trama Gürtel tuvo algo que ver con el asunto, según una investigación policial cortada en seco por el Ministerio de Interior... del PP.

Son casos que crean alarma social y rechazo en la población que ve a la clase política como una caterva de ladrones. Por mucho que el número de políticos implicados en temas de corrupción ronde los trescientos de más de los alrededor cinco mil cargos públicos en todos los ámbitos del Estado. No ayuda a cambiar la percepción negativa de la ciudadanía la ausencia de mecanismos de control de los que se carecen en este país de forma alarmante. Aunque no es la clase política la única que carga con una imagen corrupta. Existen otras instituciones a las que afectan similares suspicacias.

La Monarquía, intocable hasta hace unos años, está en el punto de mira de la desconfianza ciudadana a raíz de que estallase el caso Urdangarín. Mas no son solo los manejos del yerno del rey los que provocan que los ciudadanos miren con suspicacia a esa institución. Son muchos los que se preguntan de dónde salió la cuantiosa fortuna de un monarca que, cuando asumió la Jefatura del Estado, tenía una economía un tanto precaria para su estatus. Las relaciones del rey con empresarios como Mario Conde, Javier de la Rosa, o Colón de Carvajal, condenados los tres por casos de corrupción, sus relaciones con potentados árabes que le invitan a cacerías y otras acciones poco transparentes, hacen que sean muchos los que han cambiado la imagen que tenían del Borbón al comienzo de la falsa transición. A lo que hay que añadir la falta de transparencia sobre los gastos que genera el mantenimiento de la institución, que está dando lugar a que sea criticada y rechazada por un mayor número de ciudadanos en el presente.

Empresarios y jueces -los gastos sin justificar de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo obligado a dimitir por no dar explicaciones de sus viajes privados a costa del erario abrieron la caja de Pandora de la desconfianza sobre sus señorías- no merecen tampoco el respeto ni la credibilidad que sería de desear en una democracia, si esta lo fuese. El velo de la sospecha, el temor a que manejen el dinero de todos para benefico propio los acosa igualmente, y no siempre sin justificación.

Así las cosas, y tras miles de casos de corrupción a lo largo de la historia de la pseudodemocracia, los políticos se muestran en la actualidad muy preocupados, no por la ausencia de ética y honestidad, sino por las consecuencias que conlleva el conocimiento de esa lacra. Cabe intuir que poco les preocuparía si, a pesar de producirse, no acabase siempre por ser descubierta.

Comentarios

  1. Luisa Sánchez...

    Puestos a hablar de transparencia haz el favor de citar la fuente de la ilustración que acompaña tu artículo.

    Tomaste prestada mi ilustración y ni siquiera fui consultado al respecto.
    No fuiste la única que lo hizo por lo visto: mi dibujo aparece en cientos de blogs dispersos por toda la red.
    Alucinante. A ver si soy famoso y no lo sabía.

    En fin, me citaré yo mismo:
    Alejandro Santos
    http://www.alejandrosantos.es/2009/06/transparencia/

    PD: Entiende que no me quede a leer tu artículo.

    Suerte.

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  2. No solo esta señora no retira mi ilustración...

    Encima se permite el lujo de llamarme caradura por email y acusarme de plagiar a Sciammarella.

    jajaja Me lo tengo que tomar a risa.

    Alejandro Santos
    http://www.alejandrosantos.es/2009/06/transparencia/

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  3. Al final entró usted en razón y retiró mi ilustración.
    Gracias por su comprensión y por los insultos que me regaló por email.

    Hasta nunca.

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