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Recortes del PP: Ahora a por el Derecho de Huelga



La Constitución Española reconoce, en su art. 28.2, el derecho de huelga como uno de los fundamentales al señalar que: “Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Como el resto de artículos de la norma marco de la legislación española, el citado debería haberse desarrollado en una Ley Orgánica que, a pesar de haber transcurrido más de treinta y cuatro años desde su entrada en vigor, nunca llegó redactarse, por lo que ese derecho sigue regulado por un Real Decreto dictado en marzo de 1977.

Podría pensarse que los legisladores consideraron que la mejor ley sobre el derecho de huelga, como se ha dicho siempre de la de Prensa, es la que no existe. Hasta el presente, porque los políticos del PP, con sus ramalazos facistoides, consideran que ese derecho constitucional debería 'regularse. Del mismo modo que hace unos meses la Delegada del Gobierno en Madrid consideró que debía también hacerse con el de manifestación, ha sido el Presidente de esa misma comunidad, Ignacio González, quien sugiere, o exige, al Gobierno de la nación que 'regule el derecho de huelga'. Expresó su deseo el señor González tras el calentón sufrido al verse abucheado sin remilgos por trabajadores de la televisión autonómica, Telemadrid, que se oponen a un ERE que dejará en la calle a novecientos veinticinco trabajadores. Entre ellos, obviamente, no están los 'santones' de la cadena, supuestamente pública, cuya misión, durante años, consistió en hacer propaganda política del PP de un modo descarado e inadmisible en una democracia pretendidamente seria.

Después de padecer el abucheo sin contemplaciones que le dedicaron los trabajadores de Telemadrid, con el dolor de cabeza que, sin duda, le causa la huelga de médicos y sanitarios que dura ya un mes y la de los trabajadores del Metro, el señor González no parece ver otra solución a sus problemas que la de 'regular' el derecho de huelga que, como bien se sabe, tratándose del PP, lo de 'regular' puede tener un significado muy diferente al que figura en el DRAE, que señala que 'regular', del latín 'regulare, es, entre otras acepciones: 'determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo'. Aunque es de temer que el señor González considere que 'regular' es 'vedar o impedir el uso o ejecución de algo', definición que el citado diccionario da a la palabra 'prohibir'.

El colectivo sanitario se mantiene en pie de guerra y no hay visos de solución para el conflicto, a menos que el PP dé su brazo a torcer, al tratarse de un colectivo bien cohesionado y organizado que no parece dispuesto a tolerar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haga un millonario negocio con la salud de los madrileños, pues de eso y no de ninguna otra consideración se trata el afán privatizador de los dirigentes madrileños. Con los trabajadores del Metro plantándolo cara y, su querido órgano de propaganda en negro, lejos de contemplar una solución negociadora, el mandatario madrileño ha cargado contra los colectivos en huelga. Siguiendo las enseñanzas de su predecesora, que hacía uso de la vieja escuela franquista que, ante cualesquiera protestas, llamaba a rebato a sus fieles con el fin de mostrar adhesiones inquebrantables, al tiempo que criminalizaba a quienes llevaban a cabo alguna protesta o crítica, tildando siempre de malos españoles, vagos o maleantes a los que no se mostraban de acuerdo con el Régimen, Ignacio González no cesa de descalificar a sanitarios, trabajadores del metro o periodistas de Telemadrid, sin contemplar más solución que la de limitar, o aun eliminar sus derechos, antes que tomar en cuenta sus reivindicaciones.

El derecho de huelga no solo está reconocido en la Constitución, sino que es considerado en todas las sociedades democráticas como uno de los esenciales de los trabajadores, constitutivo de la libertad sindical. Está protegido por convenios internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, subscrito en la ONU en 1966, y ratificado por casi todos los países del mundo, excepto USA, Arabia Saudí y Sudáfrica. El pacto forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ese respaldo legal e internacional coartar el derecho de huelga acarreará al Gobierno la diatriba y censura de los países democráticos.

Es posible que el señor González desconozca la protección internacional de que goza el Derecho de Huelga, porque si conociéndolo pide al Gobierno de la Nación que lo 'regule' para impedirlo o limitarlo, estará buscándole un grave problema al Ejecutivo que, de satisfacer sus deseos, se encontrará, como poco, con algún reportaje emitido en cualquier país civilizado, criticando la tendencia facistoide del Gobierno español. Uno de esos reportajes que tanto gustan al PP, entre otros, al señor Trillo o a la señora Barberá... o a los miembros del Real Instituto Elcano.

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