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El entramado de intereses bastardos del PP en la reforma de la Ley de Costas




Hace casi un año, el viernes trece de enero de 2011, el ministro de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete anunciaba una 'profunda reforma de la Ley de Costas' que hizo disparar todas las alarmas en los colectivos ecologistas, no sin motivo, dado que el responsable de la política medioambiental del Ejecutivo se caracteriza por su total insensibilidad con el medio ambiente. Nada de extrañar, en un señor cuya vida laboral e intereses económicos, han girado siempre en torno a la industria contaminante y el ladrillo. Porque Arias Cañete, antes de acceder a la cartera ministerial, era presidente de la petrolera Ducar S.L, de la que aún sigue siendo propietario de un gran patrimonio accionarial. Pero el mundo de las petroleras no es el único al que están ligados los intereses económicos de este ministro, si se tiene en cuenta que también es accionista y consejero de la constructora Bami Newco, ligada estrechamente a proyectos urbanísticos que ponen en riesgo el patrimonio medioambiental como Puerto Sherry, en Cádiz. El señor Arias Cañete tiene, además, íntimos amigos como Abel Matutes o Gabriel Canellas, ambos del PP y ambos expresidentes de Baleares, con intereses en salineras y piscifactorías, dos industrias contaminantes y cuyo funcionamiento contribuye, al igual que el ladrillo, a la destrucción del litoral. De modo que se puede afirmar que, al nombrar ministro de Medio Ambiente a Arias Cañete, Mariano Raxoi puso un lobo a cuidar ovejas.

En menos de un año, con una celeridad que merecería encomio si se tratase de una acción encaminada a beneficiar a la ciudadanía o a la conservación medioambiental, el Ministerio de Medio Ambiente ha concluido una nueva Ley de Costas que, en lugar de estar pensada para la conservación de los ecosistemas del litoral, está elaborada con el fin de acabar con ellos, si se tiene en cuenta que uno de sus cambios se concreta en reducir el espacio libre de construcciones en la costa de cien a veinte metros, decisión que permitirá legalizar infinidad de construcciones declaradas ilegales con la anterior Ley, hasta el presente destinadas a la demolición y que, a partir de la reforma legal, dejará encementado por completo el poco litoral que hasta el presente se había conservado, no sin dificultad. Cuando Cañete anunció la reforma de la Ley de Costas -que no estaba en el programa del PP, o que estaría en el oculto, que es el que viene aplicando desde que ocupó La Moncloa, después de haber engañado a una gran parte de quienes lo votaron-, explicó que era necesaria la reforma 'para eliminar trabas que impidiesen la llegada a nuestro país de inversores extranjeros'. Obsesión del Ejecutivo del PP que viene desarrollando su política en allanar el camino a cuanto especulador quiera aprovecharse de las inicuas leyes laborales que ha llevado a cabo el PP, al anular derechos de los trabajadores y reducir salarios a niveles tercermundistas; con el único propósito de que la inversión foránea se asiente en este país, proporcionando grandes beneficios a la plutocracia nacional.

Mas, tras la reforma de la Ley de Costas, no está solo ni únicamente el deseo de abrir las puertas a los inversionistas forasteros, sino también satisfacer las aspiraciones de los inversores patrios, sobre todo aquellos que le son más cercanos: altos cargos y militantes privilegiados del PP. Así lo señala Greenpeace, en un interesante informe titulado Amnistía a la Destrucción, que bajo el epígrafe 'Una investigación sobre los intereses privados detrás de la Ley de Costas', pone al descubierto los nombres de cuantos ilustres peperos verán satisfechos sus intereses con una reforma destinada a permitir la destrucción del poco litoral que aún queda virgen en este triste país gobernado por unos zotes que niegan el cambio climático, ignoran los bienes medioambientales y cuyos únicos intereses están ligados a su enriquecimiento personal por encima de los intereses del pueblo.

El informe de Greenpeace señala los nombres de personajes interesados y beneficiarios de una reforma de la Ley de Costas, criticada y condenada por los colectivos ecologistas a los que el Ministerio de Medio Ambiente ninguneo, ignorando incluso la presencia preceptiva de las organizaciones miembro del Grupo de Trabajo del Litoral del Consejo Asesor de Medio Ambiente, a la hora de elaborar una reforma que, con solo ojearla, se percibe el nulo interés del actual Gobierno respecto a los asuntos medioambientales. El desinterés del actual Ejecutivo que, solo atiende a los asuntos ecológicos en caso de que sean rentables para sí o para sus afines, queda patente no únicamente en una reforma que deja al litoral hispánico absolutamente desprotegido, sino a la hora de asignar fondos a importantes asuntos medioambientales, como el cuidado y conservación de los Parques Naturales repartidos por todo el territorio nacional, ya que ha reducido el presupuesto para ese fin en nada menos que el setenta y cinco por ciento, dejándolo prácticamente en nada.

Para el actual Ejecutivo, la conservación de los Parques Naturales o del litoral carece de importancia, en caso de que no sea negocio rentable para sus dirigentes. Y se puede comprobar que muchos de ellos tienen intereses en negocios que siempre han sido paradigmáticos destructores de la calidad medioambiental. El informe, firmado por Greempeace, cita, junto al nombre del Ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, el de su cuñado, José Ramón Bujanda Sáenz, casado con una hermana de su mujer, y expresidente de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado y de la Asociación Europea de Fabricantes de Hormigón. También Borja Domecq, hermano de Micaela Domecq Solís, esposa del ministro, tiene importantes relaciones en el mundo empresarial, al igual que sus sobrinos, Borja y Fátima, que forman parte de la dirección de Inversiones S.L., empresa dedicada a la construcción, edificación reparcelación y venta de edificios.

Junto con los nombres de familiares del Ministro de Medio Ambiente, están los de prohombres del PP, como los anteriormente mencionados Abel Matutes y Gabriel Canellas, expresidentes ambos del corrupto PP de las Illes Balears, con intereses en empresas de construcción, explotación salinera y piscifactorías. Otro 'ilustre' interesado en negocios que comportan la destrucción de las costas es el exministro franquista y de la UCD, Juan Villar Mir, que, tras su paso por la política, creó un grupo empresarial que que agrupa a diferentes empresas energéticas (Vilar Mir Energía), siderometalúrgicas (Ferroatlántica), de fertilizantes (Fertiberia) y de construcción (Grupo OHL). Se da la circunstancia de que, como este país es pequeño y no hay gente suficiente para cubrir altos cargos sin que estén vinculados a otros negocios, si el dueño de Fertiberia es Villar Mir, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las órdenes de Arias Cañete, es Isabel García Tejería, exdirectora de Planificación en Fertiberia. Pero no se detiene aquí la lista de beneficiados por la reforma de la Ley de Costas, porque también se ve agraciado con una reforma que permitirá la definitiva destrucción del litoral, un importante magnate del ladrillo de la costa valenciana muy relacionado con el PP, Bautista Soler, cuya fortuna, asociada a la construcción, se benefició con ganancias durante el boom del ladrillo, haciendo que apareciese en la Lista Forbes de 2007, junto a otros magnates depredadores de costas.

Junto a Soler aparece también el nombre de Joaquín Rivero, accionista de la conocida promotora Metrovacesa, una de las impulsoras de no pocos pelotazos urbanísticos en el País Valencià, entre otros territorios, e íntimamente ligada al PP por la vía conyugal, y es dato que no se debe ignorar, al contemplar que uno de los accionistas mayoritarios de Metrovacesa es Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, gestor y accionista de esa promotora y, a la vez, de la empresa Capio, destinataria y beneficiaria de la privatización de la Sanidad que ha emprendido el PP en contra de los intereses de una ciudadanía que, por mucho que venga mostrando su oposición a la privatización de la Sanidad, se da de bruces contra la determinación de un Gobierno que, como se comprueba al analizar sus decisiones, no tiene otro propósito que el de hacer de oro a los suyos por la vía del Real Decreto, el ordeno y mando, la represión policial y la censura previa. Mientras el pueblo se lo consienta. 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/Greenpeace_investigacion_ley_de_costa.pdf

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