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Del lejano proyecto de felicidad a gobernar repartiendo dolor



La ponencia política aprobada en el XXIX Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 1981, comenzaba con la frase ‘el socialismo es un proyecto de felicidad para el hombre’. Recordar aquellas palabras, pronunciadas como declaración de intenciones por los socialistas de hace más de treinta y un años, cuando ninguno de ellos hubiera osado cambiar la Constitución para anteponer los derechos de la banca sobre los de los ciudadanos y compararla con la lapidaría frase del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que hace unos días aseveró que ‘gobernar, a veces, es repartir dolor’ da cuenta de qué modo cambian los tiempos y los políticos y hasta que punto la sociedad los ha permitido dejar de ser servidores de lo público, empeñados en trabajar para crear el bienestar de la sociedad para convertirse en verdugos, taumaturgos siniestros de una religión sádica, cuyo principal fin es causar dolor a la ciudadanía para satisfacer la sed de sacrificios de crueles deidades ominosas.

Escudados en la crisis, la global que causó la codiciosa e incontrolada banca protegida por los gobiernos neocon y la de la burbuja inmobiliaria que, al desinflarse ha llevado a la quiebra a miles de empresas que empleaban a millones de trabajadores en fabricas de elementos ligados al sector de la construcción, políticos supeditados al poder financiero y a empresarios esclavistas, fueron, y siguen siendo los grandes chamanes de esa secta de la que Gallardón parece erigirse en sumo sacerdote al pronunciar la lapidaria frase que desvela las intenciones de un gobierno decidido a castigar y causar dolor a la ciudadanía por los pecados cometidos. Aunque no fuese la clase trabajadora, llamada antes de este cataclismo económico clase media y en el presente proletariado empobrecido y sin derechos, la causante de el agotamiento de las arcas públicas.  

En tanto, durante el primer trimestre de 2012 las grandes fortunas evadieron a paraísos fiscales la nada modesta cifra de 219.817,4 millones de euros, a la vez que se calcula que la economía sumergida supone una evasión fiscal de alrededor de los 81.000 millones de euros. Cifras que, de cotizar al erario, permitirían sostener el Estado del Bienestar sin hacer pagar a los ciudadanos la pérdida de derechos que se viene sufriendo desde que el PP llegó al poder. Mas al contrario, el Gobierno ofreció una Amnistía fiscal que permitió la recaudación de una ridícula cifra, menos de la mitad de la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, barajó para justificar tan injusta medida. A la vez, el Gobierno Autonómico de Madrid lleva a cabo una reforma fiscal encaminada a favorecer al presunto gángster Sheldon Adelson, mediante la que rebaja del 95% al 45% el impuesto de patrimonio, o dejará en el 10% el impuesto de los casinos que antes tributaban al 45%. No parece importarle demasiado al gobierno de la autonomía madrileña que en las arcas públicas ingrese menos dinero, con implantar el euro por receta, reducir las prestaciones sociales, o negar ayudas a los dependientes tendrán el problema resuelto.

Cuna de pícaros y ladrones, dignos frecuentadores del Patio de Monipodio –lugar al que acuden los pícaros Rinconete y Cortadillo, protagonistas de la novela ejemplar del mismo título de Miguel de Cervantes- este país sigue dando personajillos dignos de compartir su existencia con los mencionados, con el Buscón don Pablos de Quevedo, o con el anónimo Lazarillo de Tormes, aunque los actuales tengan menos gracia y susciten mucha menos empatía. Cabe mencionar entre esos pícaros de mal fario a un delincuentes sin paliativos, ya condenados por varios delitos económicos, y que lo será sin duda por otros muchos, Gerardo Díaz Ferrán, expatrón de los patrones españoles, presidente de la CEOE durante muchos años, tipo de rostro de batracio malencarado, admirador de Esperanza Aguirre a la que calificó como ‘cojonuda’, o que, en un alarde de cinismo, afirmó, con alma de negrero, que para salir de la crisis había que ‘trabajar más y cobrar menos’, olvidando añadir que con el fin de que gentola –disculpen el valencianismo- como él pudiese robar más con el mínimo esfuerzo.  Junto con otro indigno pícaro, Ángel de Cabo, un exfontanero del País Valencià que se hizo de oro liquidando empresas fraudulentamente, ambos defraudaron al fisco, dejaron a miles de trabajadores en la calle, y se guardaron el dinero en sus propias casas, en billetes o lingotes de oro para mayor seguridad y desvergüenza o lo ocultaron en paraísos fiscales.

Como Díaz Ferrán, paradigma de empresario depredador, aclamado por sus pares, defensor de las ideas esclavistas de la mayor parte de los grandes patronos de este país, cuyo único fin es el de logro de infinitos dividendos sin preocuparse en crear puestos de trabajo o el progreso del país, interesados tan solo en contribuir lo menos posible con sus impuestos a la robustez de la hacienda pública, está este país plagado de ese tipo de delincuentes, como lo está de políticos prevaricadores, que nunca dudaron en trasgredir leyes con el fin de lograr substanciosos beneficios, aún causando perjuicios y mermas a las arcas públicas que debían administrar.

Con las arcas arruinadas por toda clase de especuladores y defraudadores como los citados y algunos más, protegidos por un gobierno que considera que ejercer su responsabilidad es repartir dolor –siempre entre los más débiles- a la vez que legisla a capricho de empresarios delincuentes o de la voraz secta católica, pareciera que aquella lejana aspiración de un socialismo, ahora inexistente, que quería construir una sociedad feliz se ha trasmutado en el sadismo de la derecha, decidida a sacrificar a la ciudadanía en aras de los beneficios de empresarios defraudadores, políticos beatos y banqueros codiciosos.

Y así seguirán hasta que la ciudadanía se levante con dignidad y busque representantes libres de compromisos con la banca o el empresariado. Políticos que sean pueblo –eso es la democracia, el gobierno del pueblo- dispuestos a trabajar por el bien común y no al servicio de la plutocracia.  

Adenda

El actual gobierno, del PP, que tiene una curiosa sensibilidad para con los corruptos, que con frecuencia indulta para librarlos de la pena que un juez impuso por sus tropelías,  y que ha indultado con suma diligencia a mossos d’escuadra torturadores, a correligionarios prevaricadores, o a políticos de ideología afín, reos de similares delitos, carece de un mínimo de piedad cuando el que solicita un indulto es exdrogadicto rehabilitado al que se le impone ingresar en prisión a los siete años de haber sido condenado por traficar con O.25 gramos de cocaína, con su vida encauzada y dedicada a rehabilitar drogadictos. Pareciera como si este Gobierno no fuese susceptible a esa labor, porque aunque el condenado quisiera, nunca podría, por mucho que lo intentase, rehabilitar a los delincuentes que indulta el Ejecutivo, los incapaces de dejar de ser malvados. 

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