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Política fiscal del PP: Amnistiar al sinvergüenza y no cobrarle impuestos al rico


El Mediterráneo azul y surcado por un barco de velas de colores que alcanzo a ver desde mi ventana me hace recordar el de Teseo. Lo sobrevuelan unas gaviotas enormes que deben de estar alimentadas a saber en qué inmundo vertedero porque, más que gaviotas, parecen pavos de robusta constitución. Entre la mar y mi casa, unas palmeras, el menos árbol de todos los árboles, mecen apenas su sombra rácana.

Debiera andar paseando junto al mar en lugar de contemplarlo desde la mesa del ordenador cada vez que levanto la vista de la lectura irritante de una prensa que no trae más noticias que las que provocan impotencia e indignación. Entre otras, la que informa de que el BOE publica hoy las normas para acogerse a la Amnistía Fiscal que aprobó el Ministerio de Hacienda hace unas semanas.


La Amnistía Fiscal que el ministro Cristobal Montoro ha querido vendernos como la forma de recaudar alrededor de dos mil quinientos millones de euros con el mendaz argumento de que ese dinero irá a sanidad y la educación, que bien sabemos que cuanto dinero logra el Gobierno -del PP, of course- lo destina a los bancos y a la secta católica, no es sino la forma de facilitar el blanqueo a muchos sinvergüenzas que, al cotizar al 10% por su fortuna, gozan de una situación de privilegio frente al común de los ciudadanos que deben hacerlo con porcentajes mucho más altos al declarar sus ingresos por rendimiento del trabajo.


La Amnistía Fiscal del Gobierno -del PP, of course- no ha gustado a casi nadie. La oposición socialista ha anunciado que la recurrirá en el Tribunal Constitucional, la prensa no cavernaria también la critica, pero a quienes menos gustó fue a los inspectores de Hacienda, que consideran que, si se quiere hacer aflorar el dinero negro y la economía sumergida -que no es solo ni precisamente la del fontanero que no cobra el IVA, ni la de la señora que cose en casa, como quiere hacer creer Montoro y su gente, sino la de las grandes fortunas y las grandes empresas- debe hacerse a través de la lucha contra el fraude fiscal. Aunque ese sistema, al parecer, disgusta al Gobierno -del PP, of course-, ya que fue llegar a La Moncloa y desmantelar la oficina contra el blanqueo de capitales.


Tanto la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), como el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), consideran que la medida puede ser de dudosa legalidad, en cuanto la amnistía para el dinero en efectivo abre la puerta a seguir defraudando, como la abre al dinero procedente de actividades delictivas, como el tráfico de drogas o de armas, porque la medida aprobada por el genial Montoro contempla que cualquier persona puede 'blanquear' su dinero negro en billetes de quinientos euros, simplemente declarando que lo tenía desde antes del 31 de diciembre de 2010.


Es decir, que el Gobierno se fía de la palabra de los defraudadores, que son, al fin y al cabo, delincuentes que no roban a uno o a dos conciudadanos, sino a toda la sociedad. Pareciera que este Gobierno -del PP, of course- tenía puesta obsesivamente la mirada en La Moncloa desde hace mucho tiempo con el fin único de servir a ese conglomerado de banqueros carroñeros, de defraudadores de impuestos, blanqueadores de dinero, empresarios sinvergüenzas y fauna del mismo jaez, para facilitarles la vida a costa, como se está viendo, del resto de los españolitos.
Porque el argumento de Cristobal Montoro, que justifica la Amnistía Fiscal -contra la que el PP en bloque se mostró en contra a raíz de que, con Zapatero en el gobierno, El Inmundo, de Pedro Jeta Ramírez, publicara que el Ejecutivo socialista estaba considerando la medida-, resulta carcajeable ya que, si el Gobierno -del PP, of course- quisiera, podría recaudar muchísimo más, al extremo de llenar las arcas públicas, sin necesidad de hacer recortes en el Estado del Bienestar. Pero no hay que engañarse, el Gobierno está utilizando la crisis para desmantelar los derechos sociales y de los trabajadores por razones ideológicas. Quiere una sociedad empobrecida y, por lo mismo, sometida a las imposiciones de unos patrones que no quieren trabajadores, sino esclavos. Por eso, entre otras cosas, llevan años desprestigiando a los sindicatos.


Si el Gobierno -del PP, of course- quisiera en verdad recaudar impuestos sin machacar a la ciudadanía exigiéndole sacrificios que no exige al gran capital, a la secta católica, ni por supuesto a la Monarquía, habría atendido la sugerencia del sindicato de Técnicos de Hacienda que, después de haber realizado el estudio pertinente, indica cómo se pueden recaudar hasta sesenta y tres mil trescientos nueve millones de euros, cantidad suficiente para acabar con el problema del déficit sin necesidad de un solo recorte a derechos constitucionales como la Educación y la Sanidad Públicas, por no alargarme en enumerar lo que todos sabemos.


Con restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta de Ahorro y ganancias especulativas, para entendernos, el dinero que manejan los ricos, podría recaudarse la friolera de mil cuatrocientos millones de euros. Imponiendo una tasa a las transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, que en realidad no es una tasa, sino un impuesto que a la derecha le levanta ampollas, podrían recaudarse cuatro mil quinientos millones. Cobrándole a las grandes empresas el treinta y cinco por ciento, que nunca pagan porque lo reducen con bonificaciones y argucias, podrían recaudarse otros trece mil cuatrocientos cuarenta y tres mil millones. Y si a esas cantidades se les sumara lo recaudado a través del Impuesto sobre la Riqueza, la fruslería de tres mil trescientos noventa y nueve millones, más otros mil cuatrocientos a base de prohibir operaciones en corto sobre la Deuda Pública, o haciendo aflorar de forma legal, no con amnistías de dudosa legalidad, diez puntos de la economía sumergida, las arcas públicas ingresarían otros treinta y ocho mil millones de euros. En total, más de sesenta y tres mil millones, mucho más que lo que el Gobierno -del PP, of course- recaudará a costa de los sacrificios que está imponiendo a los ciudadanos de a pie.


No digamos ya si a esas cifras se sumase -y esto no lo dicen los inspectores de Hacienda, sino esta escribidora- los dos mil millones que tendría que pagar la secta católica en concepto de IBI y, ya puestos, que no se le regalaran los once mil millones de nuestro sagrado dinero, las arcas públicas sumarían setenta y seis mil trescientos nueve mil millones de euros, una cifra que haría que el déficit público cumpliera la exigencia de estar a cero. Y aun sobraría para subir las prestaciones sociales y mantener un Estado del Bienestar al nivel del de los países nórdicos.


Pero para llevar a cabo todo esto habría que acabar con los privilegios de unos cuantos a base de una política fiscal progresiva, como por cierto manda la Constitución, pero que jamás ni el PP ni el PSOE se atrevió a aplicar por no molestar a los poderosos. Ni aplicarán. Haasta que veinte o treinta millones de españolitos se lo exijamos en la calle, y a pedrada limpia, si necesario fuese. 

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