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A los bucaneros del pasado se les llama banqueros, ¡ay, la semántica!

El pasado fin de semana, en Bilbao, un centenar de personas se concentró ante determinadas entidades bancarias para protestar contra los abusos de la banca. Bajo el lema ‘No tragamos’, los participantes en la protesta mostraron su repulsa por los desahucios, la codicia de los banqueros y los miles de millones que están costándole a la ciudadanía sus especulaciones y su avaricia.

En Barcelona, durante las protestas del 15M, miles de personas protagonizaron caceroladas frente a entidades bancarias. Y en las redes sociales, las protestas, los alegatos, las fotografías y los eslóganes contra la banca copan páginas. La banca se ha convertido así en el enemigo número uno de la sociedad. Aunque sería preciso recordar que, sin la complacencia de los políticos y de los jueces, tanto abuso no hubiera sido posible.

No es de extrañar que los ciudadanos de Europa y de USA estén empezando a hartarse y a mostrar su descontento y su rechazo ante el poder financiero que no solo causó la crisis, sino que, en lugar de pagar por la avaricia de sus especulaciones ante los tribunales, sus deudas revirtieron en recortes del dinero de la ciudadanía, obligada a sufragar su prepotencia, sus abusos y sus canalladas.

¿A quién puede sorprender que el rechazo a la banca y a los políticos que la protegen sea cada vez más abultada? ¿O que pueda terminar por desatar la violencia, al menos la violencia a la manera en la que dicen que Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los mercaderes, expulsando de él a los que vendían y a los que compraban? En el tiempo que llevamos sufriendo esta llamada crisis, que no es sino la consecuencia de la mala práctica y la falta de ética de quienes manejan el dinero, se le viene hurtando a los ciudadanos para satisfacer el agujero de la voracidad de las entidades financieras.

En este país nuestro de cada día, la todopoderosa banca lleva tantos años como la pseudodemocracia monárquica controlando la política y teniendo bien sujeta por donde más les duele, la cartera y el poder, a los políticos; justo desde que, en las primeras elecciones generales de 1977, los partidos políticos se endeudaron con los bancos para llevar a cabo sus campañas electorales. Desde entonces, las entidades bancarias vienen chantajeado y llevando por donde desean a la política y a los políticos de cualquier color.

En esas circunstancias, ¿qué partido puede poner coto a los abusos financieros, si todos deben enormes cantidades a los bancos que financian sus campañas? Cantidades millonarias que, en ocasiones, y por la cuenta que les tiene a unos y otros, son condonadas o renegociadas. Los bancos y las cajas nunca actúan con los partidos políticos como hacen con cualquier ciudadano que les deba diez o doce mil euros de la hipoteca. El ciudadano que se quedó en paro, y que en consecuencia no puede hacer frente a los pagos, sufre la implacable persecución del banco o de la caja que años atrás le concedió, no solo lo que solicitaba, sino con total amabilidad unos cientos o miles de euros de más para amueblar la nueva vivienda o, ya metidos en harina, para cambiar de coche o para irse de crucero a las Bahamas.

Y los ingenuos que compraron ese producto llamado ‘acciones preferentes’, tan preferentes que impiden ahora a quienes las adquirieron recuperar el dinero, ven impotentes cómo fueron estafados por aquel director de la sucursal en el que confiaban porque les contaba cuentos de rentabilidad y de seguridades; que esos bancarios ya no son gestores del dinero de sus clientes, sino comerciales de estafas piramidales destinadas a que unos cuantos se hagan de oro a costa de la falta de información de los usuarios.
 Con la complacencia de políticos de todo color, porque ninguno se atrevió jamás a nacionalizar un banco fullero o en quiebra, pero sí a destinar muchos millones para impedir que se hundiera, las entidades financieras se han ido yendo de rositas a pesar de sus tropelías, y lo que nos queda por ver. Y por si alguien se acuerda de Bankia, sepan que no ha sido nacionalizada por más que lo haya dicho el PP, siempre con objeto de engañarnos con esa también, que creamos que los diez mil millones de euros que se nos han detraído de Sanidad y de la Escuela Pública para salvar de la quiebra a esa entidad volverán a las arcas públicas.

Y ahora nos cuentan, lo ha hecho hoy mismo el ministro Guindos en el Foro Cinco Días, que para reflotar Bankia hacen falta aun 7.500 millones de euros. Con lo que le vendría a salir al erario, esto es, al dinero de todos nosotros, por una cifra de aproximadamente 12.000 millones de euros, practicando la ya vieja estafa de socializar pérdidas y privatizar ganancias. Lógica pendenciera, ¿verdad?

 En lugar de hacer como Islandia, dejando que los bancos se las ventilaran con sus problemas y llevando a sus directivos ante los jueces, en este triste país los directivos de las cajas que llevaron a sus entidades a la ruina se han retirado con substanciosas indemnizaciones y sin que los gobiernos –pero ni el PSOE, ni el PP- pusieran pie en pared a su codicia. Y ahora que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias a las Cajas de Castilla-La Mancha, de Ahorros del Mediterráneo, a Caixa Nova y a Caixa Penedés por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad, administración desleal y estafa, Bankia permanece incólume ante la justicia a pesar de lo que está costando, y costará, millones de euros de dinero público, dinero nuestro.

Mientras el Gobierno –del PP, of course- nos roba derechos y priva a determinadas personas, como los inmigrantes, del básico e innegociable a la atención sanitaria con la monserga de que resulta imprescindible para sacar a este país de la crisis, nos sube impuestos a los de siempre y reduce a los trabajadores, con idéntica falsa razón, sus salarios, empobreciéndolos y arrancándoles sus derechos frente a la patronal, los directivos de las Cajas que las hundieron se marcharon a sus casas tranquilamente y con indemnizaciones millonarias.

Las Cajas de Ahorro eran entidades públicas, cuyos prolegómenos se hallan en los Pósitos y los Montes de Piedad que surgieron en los siglos XVIII y XIX para hacer acopio de grano y prestárselo a los campesinos en época de escasez y a muy bajo coste. ¡Qué lejos de aquellos planes solidarios están las actuales instituciones! En lugar de ayudar a las clases populares, fagotizan los derechos y las libertades de los ciudadanos para hacer más negocio aún y para entregarles fortunas a sus directivos.

Circula en la red una relación de lo que cobraron los directivos de esas entidades después de tener que abandonar sus puestos de trabajo por inútiles y por haber conducido prácticamente a la quiebra a las entidades de las que eran responsables. No será esta escribidora quien los aburra con la relación de quiénes y cuanto cobraron; es larga y además enferma. Básteles saber que entre alrededor de una docena de esos avezados directivos se llevaron más de ciento treinta millones de euros en indemnizaciones.

Cuántas nóminas de profesores de la Enseñanza Pública, de profesionales de la Medicina Pública, de tarjetas sanitarias a inmigrantes, de camas de hospital, de ayudas a la Dependencia y de subvenciones a asociaciones contra el SIDA, entre otras mil necesidades básicas, se podrían haber sufragado con el dinero que ha ido a parar a los bolsillos de ineficaces sinvergüenzas. Dinero que recibieron con la anuencia de unos políticos que, no se engañen, no trabajan para el bien de los ciudadanos, sino para el bien de los especuladores.

Ante la desigualdad salarial, los recortes injustificados y salvajes que perpetra el Gobierno –del PP, of course- y la tolerancia con los atracos de gentuza como estos banqueros, no sería nada de extrañar que cualquier día los ciudadanos, hartos de tanto abuso, no solo protagonicen ya sentadas o caceroladas a las puertas de las entidades financieras como se viene haciendo, sino que directamente las tome al asalto y las arrase. Que ustedes y yo lo veamos.

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