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‘La miseria’ del presidente del CGPJ


En este país, cada día hay más familias al borde de la pobreza, existen innumerables en las que no entra un euro, ya que todos sus miembros están en paro y no perciben ningún tipo de prestación del Estado pero, en lugar de destinar el dinero a articular prestaciones para que esas familias no tengan que recurrir a los comedores sociales de la secta católica, vía Cáritas, se le sueltan once mil millones a esa organización religiosa -que los emplea en sus fastos y boatos; solo ayudan a las personas necesitadas con lo que, como ONG, reciben de más de nuestro dinero- y al tiempo se otorga, aunque sea en calidad de préstamo, otros tantos millones precisamente a las entidades bancarias responsables de la crisis y de la penuria de miles de familias que, entre otras desgracias, se han quedado sin casa, a veces por deber a un banco cuarenta mil euros, mientras que los directivos de esos bancos perciben millones al año, o se jubilan con cantidades con las que podrían vivir cientos de familias durante años.

Ya son millones las personas que sufren la precariedad más absoluta, pero eso no impide que el Estado recorte y recorte sin parar, sin tener en cuenta la penuria de los ciudadanos. La Sanidad, la Escuela Pública y las becas escolares y universitarias sufren importantes mermas, aunque ese mismo Estado, o el gobierno que se supone que está para administrar lo público, no se plantea reducir las prebendas a las castas porque considera, por pertenecer a ellas, que tienen campo abierto para disponer del dinero de todos con la mayor de las desvergüenzas y sin explicación alguna.

Viene todo este largo introito en razón de la denuncia que un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Dívar, haciendo saber que el citado caballero ha venido cargando a las cuentas públicas sus viajes privados, alojamientos en hoteles de lujo y comidas en fastuosos restaurantes. Gómez Benítez ha cursado la denuncia a la vista de la cuenta de gastos del presidente de los órganos citados entre 2010 y 2011. Gómez Benítez solicitó las cuentas de gastos del presidente del CGPJ de años anteriores, pero aún no se los han hecho llegar. Debe de ser por aquello de la lentitud de la Justicia... En cualquier caso, ha afirmado que hizo la denuncia porque considera que, en calidad de miembro del Poder Judicial, está en la obligación de denunciar lo que considera acto delictivo. En este caso, malversación de fondos públicos.

Este asunto tiene su prolegómeno en una reunión del Consejo, celebrada el pasado mes de marzo, en la que Gómez Benítez planteó la necesidad de que los integrantes del CGPJ moderasen sus gastos viajando con menos ostentación y mayor frugalidad. Nadie escuchó su propuesta, faltaría más. Quienes componen ese Consejo forman parte de la intocable casta judicial, situada por encima del bien y del mal, con derecho a todo tipo de privilegios y por supuesto sin verse obligados a apretarse el cinturón tal como reclama el gobierno –del PP, of course- a los españolitos de a pie.

En la denuncia de Gómez Benítez se informa que el señor Dívar –muy católico y casto según su biografía oficial, la real será muy otra cosa- gastó nada menos que 5.648 euros en unos fines de semana en Puerto Banús, Marbella, lugar sobre el que no consta que haya órgano judicial alguno. A esos cinco mil seiscientos cuarenta y ocho euros con que se abonaron estancias en hoteles de lujo y comidas en caros restaurantes, hay que sumar los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del señor Dívar –entre cinco y siete agentes- que, por esos viajes, ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”, según palabras del propio denunciante.

La reacción del denunciado no se hizo esperar y, si la noticia de la denuncia interpuesta por el vocal Gómez Benítez trascendió en la portada del martes que el diario El País cuelga en la red cada noche, la reacción del denunciado se produjo en la misma mañana del miércoles, alegando el piadoso señor Dívar que esa cantidad por la que lo acusan de malversar es ‘una miseria’. ¡Una miseria! Con esa cantidad tan misérrima podrían pagar el alquiler de su casa durante un año muchos españoles, más recibos de luz, agua y teléfono. Ni les cuento cuántas familias podrían comer durante un año.

Aunque para seres tan insignes y privilegiados como el Presidente del Poder Judicial gastarse más de cuatro millones y medio de las antiguas pesetas en solazarse los fines de semana debe de ser lo normal. Él no es como el resto de los mortales, ni como todos los ciudadanos que andamos a bofetadas por un euro. Él es el Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y por ello tiene derecho a hacer uso, no de su dinero, sino del nuestro, para su solaz. Debe de pensar el susodicho, como esas muñecas de plástico de los anuncio de cosméticos de la tele, que él lo vale. 

Cuando un país está literalmente en la miseria y se les exige a los ciudadanos más sacrificios aun, y sin tregua, se les recortan servicios y derechos esenciales, no se sabe si resulta más insultante que un magistrado se gaste ese dinero público, o que tenga la desfachatez de tildarlo de miseria. El caballero en cuestión tiene que andar muy malito de la cabeza para atreverse a declarar sus pensamientos de forma tan ofensiva para un país donde miles de familias no ingresan un euro del Estado, a pesar de su situación de precariedad.

Pero no queda ahí la desfachatez del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, sino que él y todos sus vocales, o casi todos, trabajan tan solo de martes a jueves en lo que ya todo el mundo llama ‘la semana caribeña’, que no consiste en irse una semana a Cuba o a las Antillas, sino en trabajar tan solo tres días a la semana –de martes a jueves-, justito cuando en este país se está obligando a trabajar al proletariado –sí, ya sé que el término resultará antañón a algunos, pero es el que hay- en jornadas laborales de hasta diez y doce horas, cobrando por ello salario menor que el que percibían hace dos o tres años, cuando la semana laboral era de cuarenta horas.

Si en este país existiera una mínima vergüenza en el Gobierno –del PP, of course-, el ministro de Justicia se reuniría con la oposición y dictarían todos de acuerdo y a la mayor celeridad posible el cese de un caballero que, o no tiene sentido de la realidad, o carece de la más mínima honorabilidad. Y no solo por haber gastado en sus excursiones privadas el dinero de los ciudadanos, que eso en un estado garantista está por ver, en tanto que cualquiera es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, sino por haber tenido la desvergüenza de afirmar que esa cifra ‘es una miseria’. Miseria que, por cierto, se gasta con su acompañante en fines de semana de lujo. 

El Fiscal General ha remitido al Supremo la denuncia, pero mucho me temo que no prosperará. Y como siempre, la indignación ciudadana se limitará a los corrillos de tertulianos o a conversaciones a dos en la calle. Porque, hasta que no se demuestre lo contrario, hay demasiados sinvergüenzas en este país de países hurtándonos lo que es nuestro que se van de rositas. Y que encima, se ríen de nosotros.

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